A la vista de las manifestaciones efectuadas por responsables de AGUMNPA, asociación de guardas de medio natural del Principado de Asturias, desde la Asociación de Guardas de Caza ASGUCA, se han de realizar las siguientes manifestaciones:
En primer lugar la vigilancia de la actividad cinegética está encomendada por Ley (artículo 37 de la ley 2/89 del Principado de Asturias, de Caza) a la Guardería de la comunidad Autónoma y ello sin perjuicio de las competencias que en la materia correspondan al Estado, algo que esta asociación reconoce, por tanto los primeros responsables de esa falta de vigilancia que denuncian son los propios miembros de AGUMNPA.
No obstante lo anterior, los Cotos Regionales de Caza adjudicados a Sociedades de Cazadores, están obligados a tener su propio servicio de Guardería, servicio de Guardería que pagan los cazadores y cuyos miembros son auxiliares de la Guardería del Principado de Asturias y desarrollan su labor con responsabilidad, dedicación, profesionalidad y cumpliendo en todos los casos con la normativa vigente, algo que los miembros de AGUMNPA parecen ignorar, aunque no resulta extraño, pues jamás se ve a estos funcionarios que pagamos todos vigilar un coto de caza.
Nadie hasta este momento les ha impedido vigilar las actividades de un coto de caza, si como reconocen son los responsables directos de la gestión cinegética, ¿Qué les impide inspeccionar, vigilar o controlar la actividad cinegética en cualquier coto de su demarcación?
Hacen referencia zonas oscuras sin aportar dato alguno que sustente tal afirmación, poniendo en total entredicho la labor de los Guardas de Caza, cuya actividad conocen por ejemplo los miembros del SEPRONA de la Guardia Civil, funcionarios que sí vigilan, si controlan y si recaban apoyo de los Guardas de Caza con los que realizan servicios coordinados en la lucha contra el furtivismo, en el desarrollo de la actividad cinegética y en el control personal y documental de los cazadores. Los miembros de la Guardería del Principado de Asturias: jamás.
Finalmente consideran necesaria la elaboración de un plan de coordinación, posiblemente con dotación económica que pagaremos todos para vigilar lo que ya está establecido por Ley que han de vigilar.
Han aprovechado una desgracia para sacar partido, poniendo como argumento algo tan loable como la seguridad de todos los ciudadanos y culpando a otros de la falta de seguridad, cuando ellos jamás hacen acto de presencia en los cotos de caza.
No hace falta ningún plan de coordinación, solo hace falta que estos funcionarios vigilen, inspeccionen y pidan colaboración a los Guardas de Caza, que gustosamente se la facilitaran, como además es su obligación.
El ya de por sí embrollado proceso de adjudicación de los dos cotos de caza de Villaviciosa, Cordal de Peón y Valdediós, se complica para el Gobierno del Principado. El magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengos, del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, ha citado a declarar, en calidad de imputados, a los dos responsables de caza durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, Juan Carlos del Campo González y José Félix García Gaona, este último actual jefe de la Sección de Caza de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
Tendrán que hacerlo el próximo 22 de febrero, dentro de las diligencias previas abiertas por el magistrado para esclarecer los hechos. Ambos están acusados por dos sociedades de cazadores, Cuatro Jueces y Fuentes, de prevaricación, ya que según denunciaron el pasado mes de septiembre existe «un claro trato de favor» hacia El Portal, el tercer colectivo implicado en el proceso de adjudicación de los cotos maliayos, pendiente desde marzo del año pasado.
Los presidentes de las asociaciones demandantes, Javier Villamandos y José Madiedo, sostienen que «en los últimos años no se tramitó ninguna de las múltiples denuncias presentadas contra el presidente de El Portal, pese a que cualquiera de ellas valdría para inhabilitarlo para presentarse al concurso en la adjudicación de cualquier terreno cinegético dentro del Principado de Asturias».
El problema se remonta a la época del gobierno presidido por Areces. Por aquel entonces, García Gaona era el director general de Biodiversidad y Paisaje y del Campo asumía las funciones de jefe de servicio. «Se denunció al El Portal, entre otras cosas, por contar con tan solo tres guardas, en lugar de los cuatro exigidos; por la existencia posterior de un guarda que no pertenecía al coto, por una subasta ilegal de piezas de caza, por el impago de daños y por cacerías irregulares, pero nada de eso se investigó», enumera Villamandos.
El presidente de Cuatro Jueces acogió ayer la noticia de la imputación con prudencia, pero reconoció que «parece que el juez aprecia indicios de delito y si es así, corroborará nuestras sospechas de que todo este tiempo ha habido pruebas suficientes para dejar fuera de las licitaciones a El Portal». Los tres colectivos de cazadores están inmersos en la actualidad en el proceso de licitación de los cotos, que promete más polémica. Mañana están citados por la mesa de adjudicación, presidida precisamente por García Gaona, uno de los encargados de valorar qué ofertas mantiene y cuáles rechaza para la gestión de los terrenos cinegéticos. «Que siga en sus manos la decisión de adjudicar los cotos, pese a estar imputado, no es de recibo», asegura Villamandos. Tanto su asociación como la de Fuentes pedirán la recusación del actual jefe de la Sección de Caza en el proceso.
Además de la denuncia por prevaricación contra la consejería, ambos colectivos libran otras batallas judiciales. Por un lado, el Juzgado de Villaviciosa tiene abierto un proceso contra El Portal por un presunto delito de falsedad documental que se habría cometido el pasado año durante el anterior proceso de licitación y, por otro, desde el pasado mes de diciembre se han presentado nuevamente numerosos escritos ante la consejería en los que se reiteran las acusaciones en el nuevo proceso y solicitan la exclusión de El Portal. «Esperamos que en base a lo que hay actúen como deben», apunta Villamandos.
Venta Cueli pide transparencia
Por su parte, el portavoz de Agroganadería del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta Cueli, contestó ayer a José María Pezón, presidente de El Portal, que había asegurado que el diputado tenía intereses personales en el proceso porque su padre y hermano son socios del colectivo de Fuentes. «Claro que tengo familia, pero eso no me inhabilita para pedir que se cumpla la ley y que se adjudiquen los cotos con transparencia; además, en mis declaraciones nunca he mencionado a ninguna asociación», señaló.
Asimismo, Venta Cueli comentó que «me reservo las medidas judiciales oportunas contra algo que considero una calumnia» e hizo hincapié en el hecho de que el presidente de El Portal «ataque a quien exige que se adjudiquen de una vez los cotos».