«El Portal» llama a los cazadores a unirse al colectivo tras ganar los cotos maliayeses

El presidente de la sociedad «Cuatro Jueces» cuestiona la legalidad de la adjudicación, hecha por la sección de caza, a la que denunciaron

«El Portal» llama a los cazadores a unirse al colectivo tras ganarlos cotos maliayeses

Villaviciosa, Mariola MENÉNDEZ La adjudicación de los cotos de Valdediós y Cordal de Peón, en Villaviciosa, a la sociedad «El Portal» no ha dejado satisfechas a las otras dos asociaciones cinegéticas que también optaban a hacerse con la gestión de estos espacios, en los que no se caza desde hace dos años. la de «Fuentes» y «Cuatro Jueces», ambas surgidas tras una escisión de la primera.


José Madiedo es el presidente de uno de estos colectivos, el de «Fuentes», y aunque es evidente su decepción, a pesar de que no le sorprendiera el dictamen de la mesa de contratación, prefiere guardar silencio al respecto. «No valoro. Sin comentarios», afirma escueto Madiedo, que prefiere dejar sus opiniones para más adelante, una vez que haya analizado más detenidamente el proceso de adjudicación.


Sin embargo, Javier Villamandos, el presidente de la otra asociación en discordia, la de «Cuatro Jueces», es más tajante y explícito: «Me parece un escándalo total». Critica que la adjudicación de los cotos la realizó precisamente la sección de caza del Gobierno regional -a través de la mesa de contratación-, a la que denunciaron hace unos meses por un presunto delito de prevaricación que supuso la declaración ante el juez, en calidad de imputados, de dos responsables de ese departamento durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces. Son el ex director general de Biodiversidad José Félix García Gaona, actual jefe de servicio de Caza, y Juan Carlos del Campo, ex jefe de servicio. La razón son las sospechas de «Fuentes» y «Cuatro Jueces» de que pudieran haber dispensado un trato de favor a «El Portal».


«Como en las anteriores adjudicaciones (el concurso quedó desierto en dos ocasiones porque, según la Consejería, las tres sociedades incurrieron en irregularidades en la documentación) no pudieron dárselo a «El Portal», no fue para nadie», apunta Villamandos. Todo apunta a que los litigios iniciados continúen en los tribunales. De hecho, una crisis interna en la actual adjudicataria de los cotos también acabó en los juzgados y supuso la formación de las otras dos asociaciones.


Quien sí está satisfecho es el presidente de la sociedad de cazadores «El Portal», José María Pezón. «El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio y ahora estamos en el que nos merecemos», asegura.


Niega cualquier trato de favor hacia su colectivo por parte de la administración regional y defiende que han logrado la gestión de los espacios cinegéticos por méritos propios. Así que después de dos años de polémicas, litigios y sin poder cazar, confían en retomar la actividad la próxima semana: «Es por lo que estábamos esperando y por lo que luchamos».


Para evitar nuevas irregularidades, la Consejería de Agroganadería exigió para este concurso que las sociedades de caza acreditasen sus socios acudiendo éstos a firmar a las oficinas del Principado o ante notario. Pezón explica que optaron por esta última opción «para que no hubiera la más mínima duda». Agrega que de los 344 miembros de su colectivo, 184 están empadronados en Villaviciosa. Lo que significa que el 53,49 por ciento de ellos son locales y apunta que es ahí donde han logrado más puntos para ganar el concurso. De Gijón son 72 y de Sariego, 19.


De todas formas, José María Pezón invita a aquellos socios que en su momento marcharon para formar otros colectivos a regresar si así lo desean, porque quiere dejar claro que la que él dirige «es una sociedad abierta».


También destaca que la mesa de contratación que en este último concurso adjudicó los cotos a «El Portal», antiguo gestor de estos, «estaba formada por personal técnico y jurídico. Eran personas ajenas a la caza, excepto el secretario, que es responsable de los cotos regionales». Por lo que Pezón incide en negar «cualquier trato de favor» hacia la asociación que preside.




La Consejera, María Jesús Álvarez, afirmó que la «propuesta de la mesa de adjudicación fue ateniéndose a consideraciones estrictamente técnicas y legales». Lejos de las discrepancias y jaleos entre las asociaciones, ganaderos y agricultores estaban deseosos de que empiecen a cazar para reducir los daños de la fauna salvaje.

El juez tumba la figura del «guía de caza», que el Principado impuso esta temporada

Un Juzgado de lo contencioso de Oviedo da la razón al sindicato USIPA y ordena anular cuatro artículos y un anexo del plan cinegético 2013-2014

Guardas del Principado e investigadores, en un monte asturiano.

Oviedo, Ramón DÍAZ No habrá más guías de caza en Asturias en la actual temporada cinegética. Y no los volverá a haber hasta que se modifique la ley de Caza o el reglamento que la desarrolla. El Gobierno del Principado ha sufrido una nueva derrota en los tribunales, al anular el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo cuatro artículos y un anexo del plan de caza 2013-2014. El juez Juan Carlos García López ha dado la razón a la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), en su litigio contra la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en torno a la figura del «guía de caza», al sentenciar que es contraria a derecho porque carece de soporte legal. El magistrado ha ordenado anular todas las referencias a los guías en el plan de caza. La sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, no es firme, pues cabe interponer un recurso de apelación antes de quince días.

El juez ha dado la razón a USIPA, que impugnó el plan de caza al considerar que la del «guía de caza» es una figura inexistente en la regulación autonómica, ya que en ella únicamente se alude a los guardas del servicio de guardería de la comunidad autónoma. Al carecer de regulación, según el juez, la figura del guía de caza podría «generar inseguridad jurídica en cuanto al desarrollo de las funciones por los guardas del medio natural en su quehacer ordinario», puesto que alguna persona podría «presentarse como tal guía de caza», a la vista del «vacío normativo existente». El juez resalta que el Principado se comprometió a eliminar la referencia a los guías de caza «por vía de rectificación de errores, pero lo cierto es que ello no ha sido así».

El magistrado recuerda, tal como había señalado el despacho de abogados ovetense Lastra y Rueda, que representó a USIPA en este litigio, que ante el recurso presentado contra la figura del guía de caza, el Ejecutivo regional «se allanó a dicha demanda, viniendo así a reconocer la ilegalidad». La Administración admitió ante el juez que la figura del «guía de caza» no aparece ni en la ley de Caza ni en el reglamento, pero añadió que sí es su intención regularla y que es «previsible» que esa figura se «ponga en marcha» para esta temporada.

El juez rechaza los argumentos del Principado y subraya que la resolución administrativa impugnada por USIPA «debe acomodarse al marco normativo previo existente, sin que pueda introducir directa o indirectamente elementos de innovación». El juez concluye que antes de crear la figura del guía de caza «deberá establecerse el marco normativo correspondiente mediante la modificación legislativa oportuna (ley o reglamento de caza) y, tras ello, dictar el acto de aplicación», «y no al revés, como aquí ha sucedido». Así las cosas, el juez acoge el recurso presentado por el despacho de abogados Lastra y Rueda y declara la disconformidad a derecho del plan de caza 2013-2014 «en el particular referido a la figura del guía de caza, la cual se deja sin efecto y se debe tener por no puesta». La ley de Caza es muy clara cuando señala que en toda cacería que se celebre en Asturias tiene que estar presente un guarda del medio natural. En ningún momento habla de guías de caza.

USIPA había denunciado el pasado mes de mayo que la creación de la figura del «guía de caza» para las actividades cinegéticas que se realicen en las reservas regionales contravenía la legislación vigente. La formación sindical ya advertía entonces de que una norma de menor rango como es la resolución del 1 de marzo por la que se aprobó el plan de caza, no puede modificar normas de superior rango como la ley y el reglamento de caza.

Santiago Traviesa, delegado sindical de la junta de personal funcionario por USIPA, manifestó ayer su satisfacción por la sentencia, que viene a ratificar, punto por punto, los argumentos del sindicato: «Tal como habíamos advertido a la Administración, no puede haber guías de caza sin la reforma de la ley o del reglamento ni sin oír a las partes afectadas», indicó. Subrayó que el Principado deberá reglamentar la figura del guía de caza, si es que pretende implantarla. «Tendrá que especificarse de quién dependen, quién les paga, en qué condiciones trabajarán, si son o no agentes de la autoridad... Hay mucho que hablar», añadió Traviesa, quien ya había advertido hace unos meses de que la figura del guía de caza no podía crearse «sin el respaldo jurídico correspondiente».

El sindicalista señaló que USIPA no consentirá que haya personas que «entren por la puerta de atrás» en la guardería del Principado, sin pasar por las oposiciones y pruebas pertinentes. Y es que el sindicato ya había manifestado su temor de que la creación de la figura del guía de caza implicara una situación similar a la que se dio hace unos años en el parque nacional de los Picos de Europa, donde personas que fueron contratadas de manera temporal por la empresa pública Tragsa acabaron siendo, por sentencias judiciales, personal laboral.

Traviesa incidió en que la sentencia, de hacerse firme, implicará que no volverá a haber guías de caza ni en las reservas, ni en los cotos regionales. Sí los hubo este año en los cotos regionales. El sindicato señaló que si finalmente se introduce cualquier cambio en la normativa de caza deberá tenerse en cuenta a la guardería del Medio Natural, en el caso de que afecte a sus integrantes en su trabajo o en sus funciones, como ocurría con la figura del guía de caza.

Los responsables de USIPA manifestaron desde el primer momento sus sospechas de que el intento de crear una nueva figura tenía como trasfondo el pago de horas extraordinarias y compensaciones a los guardas del Principado. Según el sindicato, con la creación de los guías de caza podrían eliminarse de un plumazo esos pagos, lo que significaría, en principio, un ahorro económico.

La polémica

Fue aprobado por decreto de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos el 1 de marzo de este año. Establece la creación de la figura del «guía de caza», con funciones similares a las de los guardas del Medio Natural.

El recurso

El sindicato USIPA recurrió el plan de caza para esta temporada, en todo lo referente a los guías de caza, al considerar que esta figura no está reglamentada: ni aparece en la ley de Caza ni en el reglamento que la desarrolla.

Argumentos del Principado

El Gobierno regional admitió ante el juez que la figura del «guía de caza» no aparece en la legislación vigente, pero añadió que era su intención regularla y que era previsible, incluso, que se pusiera en marcha ya en esta temporada.

La sentencia judicial

El fallo es muy claro: la Administración no puede introducir «elementos de innovación», como los guías de caza, que no estén acomodados al marco normativo existente. Sólo será posible crear la figura del «guía de caza» si previamente aparece en la ley o en el reglamento que regulan las actividades cinegéticas. Así las cosas, el juez anula cuatro artículos y un anexo del plan de caza 2013-2014; todos los que hacen referencia a los guías de caza.

El futuro

Si el Principado insiste en crear la figura del «guía de caza», deberá modificar el reglamento de caza. Claro que para ello deberá conceder audiencia a todas las partes que se vean afectadas; por ejemplo, la guardería del Medio Natural. Además tendrá que especificar quién manda sobre los guías de caza y quién les paga.

La Consejería gestionará los cotos de Tapia y Vegadeo al no haber ofertas



La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos ha establecido medidas de gestión directa para los cotos regionales de caza de Tapia de Casariego y Vegadeo tras quedar desiertos los concursos de adjudicación ante la ausencia de ofertas por parte de las sociedades de cazadores.

Las medidas consisten en la celebración de 17 cacerías en cada uno de los dos concejos, con un cupo de capturas de ocho jabalíes por jornada. Las batidas, que comenzarán próximamente, se desarrollarán hasta finales de febrero de 2014.

Además, este departamento adjudicará en breve los cotos de Villaviciosa, con lo que retornará la normalidad de la actividad cinegética a estos territorios.

Según ha informado la Consejería, en la mayoría de los cotos regionales de caza asturianos se ha establecido un límite de seis jabalíes por batida y, durante esta temporada, que comenzó el pasado 1 de septiembre, las cacerías se celebrarán los jueves, sábados, domingos y festivos hasta el 23 de febrero.

Según la Consejería, la duración de la temporada tendrá una repercusión inmediata en el nivel de daños existentes en estos momentos, los más elevados de todo el año a causa del momento de desarrollo de algunos cultivos muy susceptibles de ser atacados, y las batidas permitirán reducir notablemente estos daños.

No obstante, de persistir el actual nivel de daños, la propia legislación prevé que en determinadas circunstancias puedan ser adoptadas diversas medidas adicionales similares a las que ya se han puesto en marcha desde la consejería en otras ocasiones.



Los datos de temporadas pasadas reflejan que el número de piezas que se capturan es inferior al permitido pese a que el conjunto de batidas realmente desarrolladas, respecto a las previstas en el plan técnico de caza de cada coto, es elevado.

01/09/2013 - EL GUARDERIO DENUNCIA EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

“EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA CONCULCA LOS PRINCIPIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DEJA A LOS POBLADORES DEL MEDIO RURAL EN UNA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN Y DISCRIMINACIÓN” con estas palabras definían la nueva redacción introducido unilateralmente por la Administración del Art. 38.6 que mutila los nichos de actividad de algunos Guardas por su condición de trabajadores autónomos.

Desde las asociaciones profesionales que componemos el Guarderío observamos con tremenda preocupación como a través de este artículo 38.6 se despoja a los profesionales de una serie de actividades en favor de las empresas de seguridad, de tal forma que en muchos casos afectará a la viabilidad de la patrulla del autónomo que menguado en sus servicios no será capaz de continuar con su actividad exclusivamente por que la norma no respeta el mínimo de competencia que garantiza la normativa vigente.

No existe ninguna razón técnica que aconseje tal prescripción habida cuenta que un mismo guarda podría prestar servicios “agrícolas, cinegéticos, pesqueros, en los intereses comerciales o industriales en fincas rusticas” si esta encuadrado en empresa de seguridad, pero ese mismo guarda si lo hace en régimen de autónomo no podría desempeñar su actividad en los dos últimos ámbitos, intereses comerciales o industriales del medio rural, curiosamente los de menor problemática y necesidad de especialización y de mayor rentabilidad.

A nadie escapa que de aprobarse este texto los Guardas autónomos no vamos a poder acudir al mercado en igualdad de condiciones, habida cuenta que teniendo las empresas de seguridad el monopolio de los servicios de mayor rentabilidad es solo cuestión de tiempo e interés que el resto de servicios vayan cayendo en sus manos ante la imposibilidad de los autónomos de concurrir en libre competencia e igualdad de condiciones ya que serán las empresas quienes dominen el territorio.

Otra consecuencia en los casos en que lo extremo de la despoblación o precario de la situación suponga que en un territorio solo pueda sustentarse el guarda de caza resultará que este no podrá realizar los escasos servicios de seguridad rural, en vaquerías, fabricas de quesos o pequeñas entidades de trasformación (industriales o comerciales por tanto) y que debido a la dispersión territorial las empresas de seguridad tampoco hallarán rentabilidad en la prestación de ese tipo de servicios por lo que se dará efectivamente una situación de INDEFENSIÓN y DISCRIMINACIÓN a las gentes y entidades ubicadas en el medio rural que no podrán contratar la seguridad que pasa por su puerta y tampoco encontrarán entidades que puedan a un precio razonable prestarles el servicio.

Conviene destacar – por su IRREGULARIDAD- que la redacción actual no era la del anteproyecto y que por tanto no ha pasado el filtro de la Comisión Nacional de la Competencia hecho que ha sido debidamente notificado a tal Comisión solicitándole además su parecer.

Tales hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia