La investigación sobre lo ocurrido en la mañana del pasado sábado en la zona de Vallín, en Limanes, cuando un cazador resultó fallecido de un disparo, no está resultando nada sencilla. El principal problema para identificar al autor de ese disparo y concluir si, como se piensa, se trató efectivamente de un accidente fortuito, estriba en que no se ha encontrado el proyectil que terminó con la vida de Armando Fernández Ordóñez.
Los forenses no encontraron la bala en el cuerpo del fallecido, a quien se le practicó la autopsia durante el fin de semana. Esa bala es una prueba clave para averiguar de qué arma procedía. Ahora el proyectil se está buscando en la zona del accidente, pero no es tarea fácil, ya que se disparó con un arma de gran potencia, capaz de alcanzar varios cientos de metros, y se trata además de un área boscosa y con mucha vegetación. Al ser de un coto de caza, hay mucha munición perdida, otra complicación añadida, a lo que hay que sumar es que los rifles utilizados, según ha apuntado a EL COMERCIO un experto en armas de fuego, utilizan balas semiblindadas que se fragmentan mucho tras el impacto.
De momento se trabaja con la hipótesis de dos posibles rifles de un cañón y del calibre 30-06, que pertenecen ambos a compañeros de cuadrilla que se encontraban esa mañana en la misma batida, pero aún no se ha podido determinar cuál fue la fuente del disparo que acabó con la vida del cazador. Tampoco se ha encontrado la bala que abatió al corzo al que iban dirigidos los disparos.
Los agentes de la Policía Judicial, sección encargada de la investigación, están tomando declaración a todos los cazadores que estaban el sábado en el coto, un total de once, además de al guarda del coto y a otras personas relacionadas con la Sociedad de Cazadores de Siero y Noreña, a la que pertenecía el fallecido. Durante el fin de semana ya se procedió a realizar una reconstrucción del los hechos sobre el terreno, para determinar también la trayectoria del proyectil.
Cuando se consiga identificar al autor del disparo, éste será probablemente acusado de un delito de homicidio imprudente, que contempla penas que van desde uno a cuatro años de prisión además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de uno a seis años. El caso está abierto, pendiente de la investigación.
