La Guardia Civil detecta anomalías en la licitación de los cotos maliayos

La Policía Judicial señala que 21 personas declararon no tener relación con el colectivo de El Portal, investigado por falsedad documental 

La Asociación de Cazadores El Portal, de Villaviciosa, cometió irregularidades en el proceso de licitación de los cotos de Cordal de Peón y Valdediós. Así lo determina un informe de la Policía Judicial que confirma que el colectivo falseó hasta 21 licencias de caza que posteriormente presentó en la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para optar a la gestión de los terrenos cinegéticos del concejo.

Según figura en las diligencias previas abiertas tras la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por las asociaciones de Fuentes y Cuatro Jueces contra El Portal, la Dirección General de la Guardia Civil ordenó una investigación por presunta falsedad documental. El informe, que consta de 206 páginas, recoge los testimonios de medio centenar de personas cuyos expedientes se iniciaron en el Principado entre los meses de abril y mayo como solicitudes de caza del colectivo El Portal. La Guardia Civil procedió a tomar declaración, en calidad de testigos voluntarios, a los titulares de los expedientes y de sus testimonios. Según queda reflejado, se desprende que 21 personas manifestaron no pertenecer al colectivo, ni haber autorizado la licencia de caza ni reconocieron su firma en los documentos existentes.

Asimismo, el informe recoge varios detalles que han llevado al presidente de Cuatro Jueces, Javier Villamandos, a ratificarse en su afirmación de las malas prácticas llevadas a cabo por su homólogo de El Portal, José María Pezón, y que tantas veces ha denunciado en los últimos años. Uno de esos detalles lo aporta uno de los testigos y tiene que ver con la presunta utilización de un coche patrulla (Pezón es agente de la Policía Local), propiedad del Ayuntamiento de Villaviciosa y con el que el presidente de El Portal le habría enseñado el coto. «Iba vestido de policía», manifestó el hombre, quien también aclara que pagó la licencia, pero que no recibió tarjeta de socio para cazar con la asociación.

Varios testigos también sitúan a otro agente de la Policía Local de Villaviciosa como responsable de las gestiones para renovar las licencias de caza y reconocen haber delegado en él la tramitación y el pago de la cuota. Y otros, reconocen haber firmado un documento, si bien no recuerdan el fin para el que lo hacían. El informe de la Policía Judicial se muestra contundente también al calificar la actitud de Pezón, del que aseguran que «hizo caso omiso a la solicitud de colaboración y a facilitar ningún dato cuando se había comprometido a ello». Las conclusiones de la Guardia Civil se encuentran en el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción de Villaviciosa, que investiga la denuncia presentada por los colectivos de Fuentes y Cuatro Jueces.

Recurso

Por su parte, la asociación de cazadores El Portal presentó un recurso de reforma contra una resolución judicial del pasado mes de junio para que se incluyera también al colectivo de Cuatro Jueces en calidad de imputado en la investigación por falsedad documental. Una petición que fue aprobada, según un auto del pasado día 5, si bien Javier Villamandos, presidente del colectivo, recordó que «nosotros ya aportamos todos los datos en su momento».

Se refiere a todos los escritos remitidos hace unos meses al Principado tras recibir un informe de la Dirección General de Recursos Autóctonos en el que el jefe de Servicio de Caza y Pesca, José Félix García Gaona, desglosaba las presuntas irregularidades cometidas por su colectivo en relación al número de socios presentados en el proceso de licitación.  

Los dos ganaderos de Asturianos podrían enfrentarse a un máximo de 7 años de cárcel

Hasta siete años de prisión suman las penas que podrían recaer sobre cada uno de los dos hermanos ganaderos implicados en la trama de Asturianos por los delitos de venta ilegal de carne de ciervos, corzos y jabalíes y el de tenencia ilícita de armas que la Audiencia Provincial estimó en su auto, a petición del Ministerio Fiscal. Además, los acusados P. O. y F. J. O. por la supuesta caza ilegal en cotos de Asturianos y Palacios podrían ser castigados con «una multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años», de acuerdo con el artículo 335 del Código Penal.

El hijo de uno de ellos podría enfrentarse a penas de cárcel de hasta a tres años, dado que se le imputa solo la tenencia ilícita de armas y se le exculpa de tráfico de carne, de acuerdo con lo estimado por los magistrados de la Audiencia Provincial. Al acusársele de caza ilegal en cotos se exigirá la inhabilitación para poder ejercer esa actividad por un periodo de tiempo que oscilará entre uno y tres años.

El artículo 335.1 del Código Penal sobre los delitos contra la flora y la fauna indica que «el que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años», pero en su apartado 2 agrega que «el que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo».

Por lo que respecta a los tres guardias civiles a los que se acusa del delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408), como obligación que tienen, se les puede imponer la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». La juez de Puebla de Sanabria había considerado que no existían pruebas para inculpar a los agentes del cuartel de Puebla de Sanabria, si bien tanto la Fiscalía como la acusación particular consiguieron que la Audiencia Provincial, en base a las escuchas telefónicas que la Guardia Civil aportó a los autos, ordenara continuar con el procesamiento y apertura de juicio oral contra los tres integrantes de este Cuerpo. La falta de pruebas contundentes dejó fuera a los veterinarios investigados.
No obstante, por determinar están aún las penas que exigirá la Fiscalía, que recurrió, al igual que la acusación particular, el auto de la juez de Puebla de Sanabria que exculpaba a los procesados de los delitos de caza ilegal y tráfico de carne, lo que podría ser indicativo de la dureza que marcará su escrito de calificación. El procedimiento abreviado tendrá que pasar por el Juzgado de lo Penal de la capital, al dirimirse delitos cuyas penas de prisión no exceden los cinco años, a partir de las cuales es la Audiencia Provincial la que se encarga de celebrar la vista oral para dictar sentencia.