miércoles, 26 de enero de 2011

LA FISCAL PIDE QUE DOS FURTIVOS PAGUEN 9.000 EUROS POR MATAR A DOS CIERVOS

Cazaron en un coto privado sin permiso y en un periodo prohibido


Por matar dos ciervos en un periodo en el que estaba prohibida la caza y, además, en un coto privado sin la autorización del mismo, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres dos furtivos. La fiscal delegada de Medio Ambiente imputa a Z. P. P. y A. I. G. sendos delitos contra la fauna, por los que pide se le imponga a cada uno una multa de 1.830 euros y la prohibición de cazar por tiempo de 3 años.Y, asimismo, que de forma conjunta indemnicen al titular del coto en 6.648 euros.
Según el Ministerio Fiscal, fue en el coto privado de caza mayor ´Mirabel´, situado en la localidad de Guadalupe y cuyo aprovechamiento cinegético especial corresponde a la Sociedad Cinegética del mismo nombre, donde el pasado 24 de septiembre, sobre las 08.50 horas, los dos cazadores acusados dieron muerte a dos ejemplares de ciervos macho, valorado cada uno en 3.324 euros. En ese momento, les acusa la fiscal, solo despiezaron a uno de los animales. Al otro lo habrían dejado donde lo habían abatido, y fue cuando volvieron al lugar por la tarde, sobre las 16.30 horas, cuando les sorprendió el guarda de la finca, que había esperado escondido.
Por estos hechos se acusa a ambos de un delito contra la fauna, por el que pide para cada uno 6 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y la prohibición de cazar en 3 años.

TEMEN QUE EL NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AFECTARÁ A LA CAZA

Ciudad Real, 20 ene (EFE).- La nueva Orden del Ministerio del Interior que regulará la seguridad privada ha creado inquietud entre los guardas particulares de campo y caza, puesto que los cambios que introducirá la norma afectarán negativamente al sector cinegético, según la asociación de propietarios de gestión cinegética Aproca.
 
El presidente de Aproca (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente), Luis Fernando Villanueva, ha advertido hoy de que esta nueva norma supone una "vuelta de tuerca" a los problemas que tiene el sector cinegético, puesto que va a afectará al desarrollo de la figura de guardas particulares de campo y caza.
Villanueva ha lamentado que el Ministerio del Interior haya elaborado un nuevo borrador de una nueva norma sin consultar a ninguna de las entidades del sector cinegético.
Villanueva ha recordado que esta entidad es la única en España que posee un centro de formación exclusivo para guardas de caza, que el año pasado formó a sesenta alumnos de todo el país, que posteriormente pudieron acceder al examen del Ministerio del Interior para la obtención de la titulación correspondiente.
Esta entidad se ha mostrado crítica con el borrador de la norma presentado por el Ministerio del Interior, por considerar que introduce modificaciones como el incremento del número de horas de formación que deben recibir los guardas particulares que pasan de 60 a 120 horas.
Para Aproca este cambio es "excesivo" dado que en ese curso sólo se puede impartir materia relacionada con la seguridad y no sobre otros aspectos cinegéticos.
Además Villanueva ha aseverado que esta medida duplicaría los gastos de realización del curso, al que asisten un perfil de personas que se caracteriza casi siempre por encontrarse en situación previa de desempleo.
Aproca ha propuesto que esta formación se incluya en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de valorar en su justa medida esta profesión y que los cursos puedan ser subvencionados con el objeto de eliminar el coste de los mismos.
Por otro lado, esta organización tampoco entiende las grandes exigencias de dimensiones que se piden a los centros de formación o la introducción de otros elementos de defensa personal para los guardas de campo y caza, tales como las comúnmente denominadas "porras" o gomas semirrígidas.
Todo ello, ha apuntado Villanueva, "es fruto nuevamente de legislar sin tener en cuenta la opinión del sector cinegético".
Por este motivo ha solicitado, conjuntamente con la Oficina Nacional de la Caza, que antes de someter este borrador a información pública, se tengan en cuenta las consideraciones que ambas entidades van a realizar al texto. EFE

lunes, 24 de enero de 2011

Las organizaciones del sector amenazan con una gran movilización si el Ministerio del Interior no modifica el proyecto, colgado ya en su web
LA PROPUESTA
Calibre 30.06. Es una antigua munición de guerra autorizada para caza y que quedaría prohibida por el proyecto de reglamento.
16 años. Edad mínima autorizada para que un adolescente pueda cazar con su padre (ahora se permite desde los 14).
Ocho rifles. Tenencia máxima admitida para un particular en el futuro.
Airsoft y paintball. Interior las define como armas lúdicas en la categoría de aire comprimido.
Navajas automáticas. Prohibidas. Se amplia el concepto de automática a las fáciles de abrir. En las no automáticas, no se permiten las de más de 11 centímetros .
Las restricciones que introduce el proyecto de modificación del reglamento de armas, presentado por el Gobierno central el 30 de noviembre, han puesto a los cazadores españoles en pie de guerra. Sus organizaciones más representativas, agrupadas en la Oficina Nacional de Caza (ONC), dispusieron hasta el pasado sábado para presentar alegaciones sobre el documento, que está colgado en la web del Ministerio del Interior.
No obstante, ya han amenazado con convocar una manifestación en Madrid, similar a la que paralizó la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad en 2008, si el Gobierno no da marcha atrás.
Una de las principales quejas del sector -si bien han protestado igualmente muchos otros colectivos- es que la nueva normativa proscribe, a su modo de ver, la mayoría de las armas semiautomáticas que utilizan los tiradores deportivos y cazadores españoles, un 'arsenal' estimado en caso de los segundos en unas 800.000 escopetas y 65.000 rifles. Por su parte, los armeros creen que, si para el calibre 22 ya no valdrá en el futuro la licencia de escopeta, sino una de tiro, caerán en picado las ventas de ese tipo de carabina y se condenará al cierre a un tercio de las 700 armerías establecidas en toda España.
El reglamento presentado por Interior abarca todas las variedades de armas, incluidas las de guerra, de aire comprimido, las 'paint ball', las blancas y los arcos y las ballestas. El controvertido documento prohíbe en su artículo 5 que los particulares utilicen escopetas y rifles semiautomáticos cuya capacidad supere los tres cartuchos, incluido el de la recámara, y cuyos cargadores sean móviles, extraíbles e incluso fijos, en este último supuesto cuando puedan ser modificados con «herramientas normales» para hacer más disparos.
Aparentemente, el legislador quiere asegurarse de que nadie cace con armas de más de tres tiros, como establece la práctica deportiva. Sin embargo, la ONC replica que, en general, los rifles semiautomáticos tienen cargador móvil y en teoría pueden incorporar más munición. Y en cuanto a las escopetas utilizadas habitualmente para la caza en España, aunque sus cargadores sean fijos y sobre el papel queden limitados a tres cartuchos, también son susceptibles de manipularse con un alicate para aumentar el número de tiros.
Incertidumbre
«La cuestión es que una misma arma puede emplearse para cazar y también para tiradas de plato o sencillamente para practicar», argumenta Pedro Morras, secretario de la ONC. Esta organización, en la que están representadas la Federación Española de Caza y la Asociación de Cazadores y Pescadores de Euskadi (Adecap), entre otras entidades, cree que el Ministerio del Interior, si persiste en sus intenciones, obligará a un millón de aficionados españoles a la actividad cinegética, de los cuales cien mil tienen licencia en Euskadi, «a prescindir del 80% de las armas que emplean actualmente».
Morras se pregunta, además, cuál será el destino final de las semiautomáticas que, en principio, acabarían siendo ilegales, ya que el texto presentado por el Gobierno también pone fin a las subastas de armas. «¿Habrá que entregarlas a la Guardia Civil para inutilizarlas?», plantea.
Los cazadores se quejan de que el proyecto de reglamento, que debe ser aprobado como un decreto, ha sido difundido en internet «sin haber hablado antes con nadie y después de haber asegurado que no existía ningún borrador», de acuerdo con la versión del secretario de la ONC. Entre los aficionados, muchos de los cuales tienen dos o tres rifles o escopetas, reina la incertidumbre, ya que no saben si deberán desprenderse de ellas y comprar otras nuevas adaptadas a los cambios normativos (un rifle cuesta entre 2.000 y 10.000 euros, en líneas generales, mientras que las escopetas son más asequibles).
La ONC advierte de que el rigor del Ministerio del Interior no se centra en los cargadores, sino en otros complementos de las armas, y siempre con el propósito de prevenir infracciones de caza. «Se prohíben los visores nocturnos y los silenciadores», detalla Pedro Morras, quien no entiende por qué, a causa de las malas prácticas de una parte de los aficionados, los que cumplen la ley tienen que pagar las consecuencias. «Es como si la Dirección General de Tráfico obligara a poner un limitador de velocidad en todos los vehículos para asegurarse de que unos cuantos automovilistas no rebasen los 120 kilómetros por hora», argumenta.
No sólo los cazadores están inquietos. El malestar reina entre los armeros, que también se han integrado en la Oficina Nacional de Caza. En su opinión, las intenciones del Gobierno -que, por ejemplo, acentúa el control de la Guardia Civil sobre los empleados de las tiendas- son algo más que restrictivas. «Interior ha reunido en una sola normativa todas las restricciones dispersas en las legislaciones de otros países», ironiza Pedro Morras, que acusa al Ejecutivo central de salir al paso de problemas «que aquí nunca se han planteado».
Entre otras limitaciones, Interior ha planteado que cada aficionado sólo pueda tener un máximo de ocho escopetas y rifles. No obstante, lo que alarma a las armerías es que, en el futuro, una licencia de escopeta ya no pueda servir para el 22, un calibre pequeño que de hecho está prohibido para la actividad cinegética. El Gobierno quiere establecer en ese caso una licencia específica de tiro, para lo cual es necesario obtener el carné de la Federación correspondiente y cumplir una serie de compromisos. «Se perdería el 99% de las ventas del calibre 22», vaticina un armero.

LUCHA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Furtivos en busca del superperro de presa o la maldad elevada al cubo.
La ancestral práctica de la caza furtiva en el parque de Doñana hace tiempo que perdió todo su halo de romanticismo y de mera supervivencia alimenticia para sus practicantes. Los cazadores ilegales de ahora se vuelcan en la búsqueda del perro de presa perfecto mediante la selección genética, de manera análoga a como actúa un criador de caballos o de toros de lidia.
El asunto hace tiempo que preocupa a la Guardia Civil. Los cazadores furtivos que han convertido el parque nacional en su ámbito de actuación dedican sus esfuerzos, sobre todo, a crear una raza superior de perro por medio de cruces y más cruces entre especies caninas potencialmente peligrosas, como los pitbull, los presa canarios o los rottweiller.
Se trata de un trabajo meticuloso, realizado en criaderos ilegales conectados entre sí en los que los furtivos llevan a cabo sus pruebas y sus particulares experimentos de genetistas aficionados. "El objetivo quebuscan es un perro muy definido, con el cuello cargado de musculatura para que pueda agarrar con fuerza a los jabalíes y a los venados", explican a este diario fuentes de la Guardia Civil.
Buscan un perro con el cuello muy fuerte para que pueda hacer presa en jabalíes y venados
Estos perros, además, reciben de sus dueños un adiestramiento muy exigente y riguroso, que puede llevar largo tiempo, encaminado a conseguir los precisos objetivos del furtiveo. Por ejemplo, les enseñan a no ladrar por la noche, que es cuando cazan en la mayoría de los casos, para evitar de esta forma alertar a los agentes de vigilancia y que sean sorprendidos.
Los criadores no cejan en su empeño hasta dar con el perro soñado para sus fines. Según la Guardia Civil, la mayoría de ellos se conocen entre sí y se intercambian cachorros en virtud de los resultados dados por sus progenitores para ahondar en las características más demandadas.
Más de sesenta furtivos
En el último año, los agentes del Seprona han detenido y puesto a disposición judicial a más de 60 furtivos sólo en la comarca de Doñana, procedentes de pueblos de las provincias de Huelva y Sevilla como Almonte, Hinojos, Bonares, Villamanrique de la Condesa o Pilas.
Cada uno de ellos suele llevar consigo una media de dos de estos 'súperperros'preparados para hacer frente al jabalí más grande que se cruce en el camino. Los tres últimos fueron detenidos en la madrugada del día 10 de enero en pleno parque de Doñana. Sus cuatro perros ya se habían lanzado con saña al cuello de dos jabalíes, uno de ellos una hembra preñada.
Los problemas llegan cuando los furtivos deciden probar sus canes sobre el terreno. "Los que no les sirven, los abandonan sin más", explican en el Instituto Armado.
Los canes montaraces se convierten en competidores de linces y jinetas por las presas
Como no están identificados con el preceptivo chip para animales potencialmente peligrosos, nadie puede responder por ellos. Con el tiempo, estos animales cimarrones forman peligrosas jaurías que están asolando los ganados y la fauna silvestre.
"En el mejor de los casos, esos perros se convierten en competidores de especies como el lince y la jineta", explican desde la Guardia Civil. Eso ocurre, como queda dicho, en el mejor de los casos. En el peor, y el más habitual, se convierten en sus devoradores, provocando un daño irreparable en una zona de altísimo valor ecológico y de especial protección.
Siempre pagan la multa
Este tipo de furtivismo, casi exclusivo de la comarca de Doñana, tiene además un marcado carácter económico. Al margen del negocio que estos cazadores y criadores de 'súperperros' puedan hacer con la venta de cachorros, también se lucran con la venta de la carne de jabalí y venado que logran colocar en bares y restaurantes de la zona sin el más mínimo control sanitario.
"La mayoría lo tiene como un sobresueldo", explican en la Guardia Civil. Además, les importa muy poco ser sorprendidos por los agentes del Seprona, ya que casi todos ellos son reincidentes.
Las multas y penas que caen sobre ellos no parecen demasiado disuasorias: sanción económica de entre 600 y 800 euros o un máximo de dos años de cárcel. La pega está en la disyuntiva legal: los furtivos siempre pagan. Y siempre vuelven a las andadas.
Qué hacer con los canes
La Guardia Civil se encuentra con otro problema cuando sorprende a los furtivos en plana acción: qué hacer con unos perros entrenados para cazar y de instinto muy fiero. La solución depende del caso y del municipio del que procedan los cazadores ilegales.
Existen convenios con los ayuntamientos, que se hacen cargo de los animales en perreras, pero no siempre es así, por lo que hay que recurrir a sociedades protectoras para intentar que alguien los adopte. Un hecho difícil habida cuenta de la extrema peligrosidad de los canes.

sábado, 1 de enero de 2011

Año y medio de huelga en los cotos

Vitoria. La de los guardas de Álava lleva camino de convertirse en una huelga tan larga como la de la residencia Ariznabarra. De momento, llevan año y medio sin custodiar los cotos y aseguran que en este tiempo se ha disparado la caza furtiva, que ya alcanza niveles de hace diez o quince años. Por ello, piden a la Diputación que medie en el conflicto, ya que se trata de un servicio subcontratado que depende de la Administración foral.
Los guardas de la asociación de cotos de caza de Álava mantienen la protesta para reivindicar un convenio colectivo "justo". Aseguran que las jornadas de huelga están siendo secundadas por la totalidad de los guardas particulares de la plantilla. Y las movilizaciones, que comenzaron hace año y medio, se desarrollan los días de caza, esto es, jueves, sábados, domingos y festivos desde julio de 2009. "Queremos señalar que continuamos con las movilizaciones porque ACCA se niega a reunirse con los trabajadores y reiniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes. Se comprometió a trasladarnos una nueva oferta para el convenio colectivo después de este verano pero, a día de hoy, no se ha dignado a reunirse con sus trabajadores, por lo que dudamos de que quieran resolver este conflicto laboral", lamentan.
Los guardas de cotos llevan desde diciembre de 2008 sin renovar el convenio colectivo, según denuncian, por la postura totalmente "intransigente" de ACCA quien se niega a asumir cualquier subida salarial para sus trabajadores. Aseguran que año tras año renueva el convenio de colaboración con la Diputación por el servicio de guarderío. Sin embargo, "nuestros salarios siguen siendo los mismos que en el año 2008", lamentan. "Nuestro salario base es de 696 euros brutos mensuales, circunstancia por la que solicitamos una subida digna (50 euros mensuales en el salario base) y mejora de nuestras condiciones de trabajo", añaden los guardas en huelga.
Además de reivindicar mejoras salariales, los guardas denuncian, una vez más, la falta de implicación de la Diputación Foral de Álava en este conflicto. "La Diputación abona el 70% de los gastos de los guardas de cotos de caza de ACCA, pero se niega a implicarse en la negociación del convenio colectivo ni en la huelga con la excusas de que no somos sus trabajadores", manifiestan.
La Diputación subcontrata el servicio de guarderío en lugar de llevarlo a cabo con personal propio pero no asume su responsabilidad en el conflicto. Recordar que los guardas de campo de la asociación prestan servicios directamente a la institución foral como es el control de cazadores furtivos, control de fuegos, de vehículos a motor en los montes, control en la temporada de recogidas de setas, etc...

La media veda se abre en Álava con los guardas en huelga

El inicio de la temporada de caza va unido a la huelga que mantienen desde hace más de un año siete trabajadores de la Asociación de Cotos de Caza de Álava (ACCA). La protesta se debe a que en el convenio no aparecen las reivindicaciones de los empleados entre las que se encuentran el pago de antigüedad y la congelación del sueldo, temas que la dirección de la asociación se niega a negociar.
Sin embargo, lo que ha provocado la continuidad de la movilización ha sido el despido improcedente de un trabajador fijo que ha obligado a la asociación a indemnizarle. "Es increíble y denunciable que prefieran gastar el dinero en despedir a sus trabajadores sin motivo, que en dar una solución justa a un conflicto que se alarga en exceso. Con menos dinero que el que han gastado en despidos se habría solucionado el conflicto", aseguró Ramón Uriarte, representante del sindicato ELA. Esto provoca, según los afectados, el desmantelamiento de un equipo de guardas con cerca de veinte años de experiencia utilizando para ello dinero público.
La Diputación pone en marcha el efectivo foral para realizar los servicios de vigilancia en los cotos de caza
Por otra parte, critican a la Diputación Foral de Álava por no intervenir en el asunto y seguir aportando dinero público al organismo. "Recalcan que es un problema entre trabajadores y empresa y que ellos no tienen que responder a nada, pero en otros sectores han llegado a sentarse en la mesa para conseguir una solución. Son un factor fundamental para llegar a un acuerdo", destacó Uriarte.
Asimismo, esta situación puede hacer que aumente considerablemente el furtivismo provocando la degradación del sistema natural alavés con la desaparición de las especies animales, aún conociendo que se está vulnerando la normativa legalmente establecida. Además, la implicación de los cazadores es nula, "si no hay guardas mucho mejor para ellos, por lo que quien debería velar por las especies animales, debería ser la Administración", afirmó Raúl Hernando, trabajador de ACCA.
A pesar de ello, los cotos del territorio alavés recibirán a los cazadores, mientras que los guardas permanecerán en huelga hasta finales de agosto, todos los jueves y fines de semana, con el objetivo de que sus peticiones se escuchen.
Seguridad Foral Al mismo tiempo, la apertura de la media veda contará con el servicio de guardería de caza, pesca y forestal del Departamento de Agricultura que, como en años anteriores, realizará los servicios de control, vigilancia y supervisión dentro y fuera de la zona de caza. "Es una labor que la Diputación realiza los 365 días del año a fin de que los cazadores cumplan con la Ley y en cada coto se cacen las piezas autorizadas en las diferentes épocas del año", indicó la diputada del área, Estefanía Beltrán de Heredia. Para aumentar la seguridad, contarán con la ayuda de los miñones.