Los guardas que patrullan en los atuneros reciben el premio Seguridad Privada

Los vigilantes de seguridad que están prestando servicios de protección marítima en los atuneros españoles, en el océano Índico, fueron homenajeados ayer durante la entrega de los premios Seguridad Privada 2012. Los galardones, organizados por la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), fueron entregados en un acto celebrado en la Casa de Cultura del distrito langreano de La Felguera. La organización destacó que los galardonados «llevan más de veinte años desarrollando su profesión en el sector de la seguridad privada». De ahí la importancia de estos premios. Además de los citados vigilantes en los atuneros, Avispa premió a otros compañeros de profesión. En este caso, se trata de vigilantes de seguridad y guardas de campo que han destacado por su labor a lo largo de los últimos meses de actividad profesional. Los premiados fueron Rogelia García, Rodolfo Cenit, Alejandro Belloso, Jesús Fiz, Pablo Roca, Jorge Ángel González, Jorge del Rosal, José Luis Larrea y José Luis Naves. El reconocimiento también llegó para la profesión en general. La organización destacó que era la primera vez que se entregaban este tipo de galardones en el Principado de Asturias. Por ello, Avispa aprovechó esta primera edición para reconocer «la implicación, apoyo, difusión y defensa de los valores que representa la seguridad privada, de empresas y profesionales a título particular», tal y como destacaron desde la organización. Entre los invitados se encontraban la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, que amadrinó estos galardones con espíritu de continuación a lo largo de los años. También asistieron otros representantes de los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Principado divide en dos el coto de caza Cordal de Peón de Villaviciosa

La asociación Cuatro Jueces muestra su conformidad con la resolución, que aún puede ser recurrida en un plazo de dos meses Los problemas para cazar en el Coto Regional de Villaviciosa pueden terminarse pronto. Así se desprende de dos resoluciones de la Consejería de Argroganadería y Recursos Autóctonos, publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en las que se anula, por una parte, la constitución del coto Cordal de Peón, acordada el pasado mes de agosto, y se inicia, por otra, el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos como coto regional de caza. Una noticia que fue bien recibida por el presidente de la Asociación de Cazadores Cuatro Jueces, Javier Villamandos, uno de los principales defensores de que el coto tenía que disolverse y volver a repartirse. Villamandos calificó la publicación de las disposiciones de «cruciales» y aseguró que «se da un gran paso tras años de lucha». Las diferencias entre este colectivo y el de Fuentes con la Asociación de Cazadores El Portal estuvo plagada durante los últimos años de fuertes polémicas. El pasado mes de agosto, la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos constituyó el Coto Cordal de Peón, con los mismos límites que tenía el del Portal y desde entonces estaba pendiente la nueva adjudicación. Ahora, la novedad es que el Principado divide el coto en dos partes, por lo que da la razón a las dos sociedades cinegéticas que reivindicaban los terrenos. No obstante, la primera resolución puede ser recurrida en el plazo de dos meses en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y la segunda inicia ahora el período de información pública. Pero en Cuatro Jueces suspiran más aliviados. «Se pone fin de manera definitiva al antiguo Coto del Portal, desastre y deshonra para cazadores y propietarios», recalcó Villamandos. «Llevábamos años denunciando las tropelías, abusos, denuncias y miserias del Portal y parece que, al fin, conseguimos justicia», añadió. Asimismo, Villamandos, aseguró que «desde que se conoció la resolución no han parado de felicitarnos cazadores, propietarios de fincas, asociaciones de vecinos, asociaciones de agricultores y ganaderos, hosteleros y demás gente conocedora del atropello que desde el Portal se estaba realizando». El presidente del colectivo Cuatro Jueces alabó la decisión del Principado y señaló que «la valentía para adoptar este tipo de medidas es lo necesita Asturias».

Cientos de robos fueron denunciados en el campo en 2011

La situación ya es «generalizada» y «preocupa» al sector porque no ven freno ni medidas que vengan a paliar esta situación El botín, la escalera de la piscina Equipos de generación de energía y extracción de agua, boquillas y tubos de riego de 3 a 5 metros de longitud, gasoil agrícola, aperos, tubos de aluminio, cobre y cualquier otro tipo de metal. Hay agricultores a los que han robado cuatro veces en un mes y que se desesperan ante la oleada de robos en el campo, que no mejora . La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Coag Sevilla, y Asaja, Asociación Andaluza de Jóvenes Agricultores, alertan de que la situación es «generalizada» y «preocupa» al sector de toda la provincia, porque no ven freno ni medidas que vengan a paliar esta situación. Sólo en el término municipal de Lebrija, más de una treintena de parcelas han sufrido robos en los últimos meses, con pérdidas que superan los 130.000 euros. En pueblos como Arahal o Burguillos incluso ha habido casos, según denuncian, donde se ha dado el «peligro físico» al encontrarse los propietarios en la casa en el momento del robo. Y en algunas fincas de las zonas del Aljarafe y especialmente en Dos Hermanas, los agricultores hasta organizan patrullas por sus fincas para evitar robos. Impotencia «Hay crispación e impotencia porque, pese a que se denuncia, no hay resultados ya que apenas hay detenciones, y si los arrestan, al poco vuelven a las andadas», advierte Aquilino Roldán, miembro ejecutivo de Coag Sevilla, que asegura que por los delitos de robos en el campo, principalmente en municipios como Carmona, Arahal, Burguillos, Lebrija y Los Palacios y Villafranca, se interpusieron «entre 300 y 400 denuncias» en el último año. Asaja estima que las denuncias, a pesar de que muchas veces los agricultores se resisten a denunciar porque «no sirve para nada», pueden haber crecido en torno a un 15 por ciento. La Guardia Civil no facilita datos concretos, pero la realidad habla de que cada vez son más frecuentes los robos en el mundo rural, donde «los agricultores —agrega Roldán— no sólo están sufriendo la pérdida de productos agrícolas, sino también de materiales como baterías y placas solares». Para Felipe Galloso, asesor jurídico de Asaja, la situación se reproduce en todas las comarcas y apunta, además de las citadas, a la Vega, la comarca de Estepa y hasta el Aljarafe, donde la proximidad con la capital no se sabe si es una ventaja o un inconveniente. En Asaja insisten en que antes se robaban aceitunas, naranjas, pero ahora, aunque siguen produciéndose esas sustracciones —se ha dado el caso de llegar una noche y arrasar una finca llevándose cientos de kilos de aceitunas o cítricos, lo que demuestra que algunos están muy organizados y cuentan con camiones—, roban de todo, desde transformadores hasta instalaciones de riego, con tubos que llegan a medir entre 3 a 5 metros y que al quitarlos crean verdaderos problemas al agricultor porque tiene que reponer el sistema para no perder la cosecha, e instalaciones informáticas que regulan los sistemas de microgoteo. En un reciente encuentro con la subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, miembros de Coag le reclamaron que se activen «cuanto antes» medidas para paliar la situación del campo sevillano. Y es que, como recuerda Asaja, aunque antes de las elecciones generales se activó un plan contra el robo a agricultores y ganaderos por parte de los efectivos de seguridad, sobre todo Guardia Civil, el plan se fue diluyendo. «Hay controles en campañas muy puntuales, pero no de forma continua», añaden desde Asaja. Para la Coag la prioridad pasa por una «coordinación» entre las fuerzas del orden público, incluidas la Policía Local y los guardas rurales y de cotos de caza, pero sobre todo, de una mayor presencia en las zonas rurales por parte de la Guardia Civil. En el caso de los grandes municipios, como Dos Hermanas, donde la competencia corresponde a la Policía Nacional, el sector cree que «deben actuar con más frecuencia en el campo». Roldán reconoce, en este sentido, «mejoras» en la actuación de los agentes policiales «poco acostumbrados a cubrir el campo», pero cuya intervención permite evitar nuevos episodios delictivos en las explotaciones agrarias. Sin regulación Sin embargo, insisten en que los «graves problemas» continúan ante la falta de una regulación en los puntos de venta de productos, por lo que piden «un mayor control» tanto en mercadillos como en chatarrerías. «Existe un vacío legal al no identificarse al vendedor ni tampoco la procedencia de la mercancía», explica Roldán, que aboga por que se elabore una guía de cara a las próximas campañas agrícolas que posibilite la identificación tanto a los transportistas como a los productores y el origen del producto agrario Cree además que su demanda, acogida «positivamente» por la subdelegada del Gobierno, debe «transformarse pronto en resultados concretos». «La situación —añade el representante de Coag— merece una actuación inmediata puesto que los agricultores están perdiendo sus producciones y afrontando mayores costes al tener que sustituir con prontitud el material robado para continuar con las labores». En ese mismo sentido, desde Asaja hacen especial mención a la necesidad de que las fuerzas de seguridad tengan un mayor control de los lugares donde entregan la mercancia. También reclaman que se vuelva a activar en Sevilla, como se ha hecho en Jaén, el sistema que permite controlar la mercancía que llevan los camiones. El seguro no cubre cosechas A esta situación los agricultores y ganaderos sólo pueden hacer frente con seguros, pero, reconoce Víctor de la Cueva, gerente de Asegasa, no hay ningún seguro que cubra las cosechas. Esta entidad, vinculada a Asaja, sí ha sacado una póliza especial multirriesgo para explotacones agrícolas, que cibre, instalaciones y ganado, además de sistemas de riego, caseríos y transformadores. La mayor parte de los sucesos que ha cubierto esta entidad han tendio un coste de entre 300 y 700 euros, aunque no hace mucho que tuvieron que hacer frente al robo de un sistema de riego que habían sustraído en una finca y el coste ascendió a 22.000 euros.

El Principado pretende reducir a la mitad las cacerías en las reservas para ahorrar

Primero, polémica en el río, por una normativa de la pesca que en sus primeras versiones eliminaba la práctica totalidad de las restricciones al salmón. Ahora, polémica en el monte, por la normativa cinegética para la temporada 2011-12. El Gobierno regional que preside Francisco Álvarez-Cascos ha puesto en pie de guerra a los cazadores asturianos. Los responsables de la Administración plantearon en el último Consejo de la Caza, celebrado el pasado día 23, una drástica reducción del número de cacerías en las reservas de la región para la próxima campaña. Diversas fuentes consultadas y que asistieron a la reunión confirman que la propuesta trasladada por el jefe de servicio de Caza y Pesca, adscrito a la Dirección General de Recursos Naturales, a cuyo frente está Óscar Rodríguez, consiste en un recorte de entre el 40 y el 50 por ciento del número de cacerías con respecto al ejercicio anterior. El rechazo a esta medida entre los aficionados de la región es unánime. Las sociedades esperan que el Principado dé marcha atrás, como hizo en el caso de la pesca del salmón, y que, finalmente, no incluya semejante tijeretazo en la disposición que regulará la temporada cinegética. El Gobierno regional justifica este recorte en la necesidad de reducir el número de horas extraordinarias de los guardas del Principado, que tienen una jornada de siete horas y media pero asisten a cacerías que pueden durar todo el día, según indican las fuentes presentes en la reunión del día 23. Para ahorrar costes, la Administración pone encima de la mesa esa drástica reducción de las cacerías. Sin embargo, a juicio de varios cazadores consultados, se trata de una medida que a la postre supondrá un mayor gasto para las arcas autonómicas. Lo explica José Manuel Rancaño, vocal del Consejo Regional de Caza: «Si hay menos batidas, se caza menos y, en consecuencia, los pagos por daños se incrementarán, porque habrá más animales». A su juicio, el planteamiento de la Administración es «totalmente desproporcionado». Por ello, aboga por buscar una «solución alternativa» a una medida que, según desvela, «hasta los propios representantes de la Consejería que estuvieron en el consejo de la caza reconocen que es polémica». El presidente de la Sociedad de Cazadores de Morcín, Valentín Morán, también está en contra de la propuesta del Gobierno, aunque matiza que «no está cerrada» y que todavía se puede «negociar para reconducir la situación». «Podríamos entender que se redujera el número de cacerías por la densidad de los jabalíes, pero no por las horas extraordinarias de la guardería», subraya este cazador. Y es que, según indica, «el ahorro en las horas extraordinarias que ahora se abonan a los guardias se iría en pagos por daños, ya que aumentaría la fauna y, con ello, las indemnizaciones». Prudencio Suárez, que es el representante de la reserva de Sobrescobio, Caso y Aller en el Consejo Regional de Caza, también se une al rechazo generalizado al planteamiento de la Administración autonómica en la última reunión del consejo. «No estamos hablando de un recorte pequeño de cacerías, sino de dejarlas en la mitad. Podría negociarse un aumento de las tasas o un cambio para cobrarlas por pieza y no por cupos, pero una reducción tan grande sería muy perjudicial, y no sólo para los cazadores», esgrime Suárez. Y es que, en su opinión, la medida también sería «muy mala» para las zonas en las que se desarrollan las cacerías, «porque la hostelería, por ejemplo, también saldría perdiendo», sostiene este cazador de las Cuencas. «Todas las asociaciones de cazadores estamos en las mismas. Nos han explicado que la reducción viene motivada por la necesidad de ahorrar costes en las horas adicionales que se pagan a los guardias, pero pensamos que es una medida que hay que meditar mucho y consensuar. Nosotros lo que proponemos es mantener las cosas como están para esta temporada y negociar a lo largo del año las condiciones para la siguiente», sentencia Prudencio Suárez, en línea con el resto de cazadores asistentes al Consejo de la Caza. El rechazo al planteamiento del Principado es prácticamente unánime entre los aficionados, que esperan un cambio en el planteamiento inicial sobre el recorte en las cacerías.

Sesenta asturianos han sido condenados por poner lazos ilegales para cazar desde el 2000

Un total de 61 cazadores furtivos han sido condenados por la justicia asturiana por poner lazos ilegales desde el año 2000, según datos de la fiscalía de Medio Ambiente. Estos cazadores fueron condenados en 57 procesos judiciales. En los últimos doce años, sólo uno de los furtivos acusados fue exonerado por los tribunales. Los concejos de Cangas del Narcea, Mieres y Aller concentran 26 de los casos. Ayer mismo se conoció la condena impuesta por el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo a un vecino de Piloña de 75 años que en 2010 fue sorprendido tras colocar varios lazos en terrenos del coto de caza número 96 de Piloña, donde habita fauna de caza mayor como corzos, venados, jabalíes y gamos, así como especies no cinegéticas, como el tejón. El ahora condenado a pagar 2.400 euros de multa colocó tres lazos de acero en la zona conocida como El Ventorrillo, próxima a Argandenes (Piloña). Los lazos fueron colocados por el acusado con el propósito de cazar, sin estar autorizado para ello, y hacerlo de forma indiscriminada con cualquier especie. No obstante, no hay constancia de que el acusado cobrase pieza alguna. El septuagenario fue sorprendido por guardas del coto el 16 de marzo de 2010, hacia las ocho y media de la mañana, cuando armaba uno de los lazos, desarmado previamente por los vigilantes. La sentencia recoge la tesis formulada por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, quien sostiene que los lazos empleados tienen una «eficacia destructora para la fauna». Piloña no es uno de los concejos con mayor incidencia de los furtivos. El mayor número de condenas por colocar lazos se concentró en Cangas del Narcea, con 10, seguido de Aller y Mieres, con 8 cada uno. A continuación se sitúan Lena (5), Amieva (4), Laviana (3), Caso, Oviedo, Piloña, Teverga, Tineo y Villaviciosa, con dos condenas cada uno, y Cabranes, Caravia, Degaña, Grado, Ibias, Llanes, Somiedo y Valdés, con una sentencia condenatoria cada uno. Algunos de los lazos intervenidos fueron localizados en zonas protegidas y de ocupación del oso pardo. En concreto, dos de los fallos se refieren a hechos ocurridos en el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y otros dos, a lazos descubiertos en el parque natural de Redes. También se lograron condenas tras hallarse lazos en la reserva regional del Sueve, en el parque natural de Las Ubiñas-La Mesa y en la reserva regional de Somiedo. Fuentes de la fiscalía indicaron que actualmente hay cinco casos de colocación de lazos pendientes de juicio, por hechos registrados entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2011, y que han sido calificados ya por la fiscalía de Medio Ambiente. Dos de ellos se sitúan en Lena, uno en Mieres, otro en Parres y el último en Cabrales.

El Principado quiere que las reservas de caza se autofinancien

El Gobierno justifica su propuesta de reducir a casi la mitad el número de cacerías en las reservas de la región en la «necesidad» de «mejorar la gestión cinegética» en estos espacios, «para intentar que sean capaces de autofinanciarse y no supongan una carga añadida para la Administración». En una nota de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, el Ejecutivo apunta que «la modificación del reglamento permitirá mantener la actividad cinegética en Asturias, sin tener que llegar a adoptar decisiones tan drásticas como la tomada hace unos días en Castilla-La Mancha, donde el Gobierno suspendió la orden por la que se regulaba el ejercicio de la caza y cotos sociales». Ante el gran rechazo que provoca entre los aficionados la posibilidad de que se recorte la actividad en las reservas asturianas, el Gobierno asegura que «quiere apostar por la caza y los cazadores, por lo que considera necesario adaptar la gestión cinegética a la demanda actual, pensando en el presente pero sin olvidar el futuro». En la citada nota, el Ejecutivo defiende la necesidad de abordar cambios en el reglamento de la caza vigente en el Principado. A su juicio, «después de veinte años, la actividad cinegética se enfrenta en la actualidad a una realidad social y cinegética que presenta algunas diferencias notables respecto a las circunstancias que existían en los momentos de su aprobación». A este respecto, detalla que entre los cambios que se están barajando se incluye el incremento de porcentaje de batidas de jabalí de los cazadores locales y el aumento del número mínimo de integrantes de las cuadrillas de caza, así como de los cupos. También se pretende modificar las zonas de seguridad, convirtiéndolas, según la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, en zonas libres vedadas. El objetivo de este cambio es que «se puedan controlar las poblaciones de especies cinegéticas con la participación de los cazadores». El Gobierno informa de que también está trabajando en la elaboración de un reglamento de funcionamiento interno de la guardería, así como en la creación de la figura del «guía de caza». Por último, y con el objetivo de favorecer el turismo cinegético, la Consejería que dirige Albano Longo prevé facilitar a los aficionados cambios de fecha, en el caso de que no les sea posible cazar por las condiciones meteorológicas.

Hasta el 2013 no serán obligatorios los guardas en los cotos de caza

Pamplona, 1 feb (EFE).- El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy una nueva redacción del reglamento de caza y pesca consensuada con el sector, que incluye como principal modificación el retraso a febrero de 2013 de la obligatoriedad de disponer de guarda en los cotos de caza. La modificación del reglamento, que databa de 2007, tiene como finalidad dar respuesta a las dificultades observadas en la aplicación práctica dealgunos de sus artículos e incorporar algunas demandas del sector, según ha informado el Ejecutivo, que ha precisado que el nuevo decreto foral había sido informado favorablemente tanto por el Consejo Navarro de Medio Ambiente, como por la Comisión Asesora de Caza. El Ejecutivo ha destacado que se retrasa hasta el 1 de febrero de 2013 la obligación de disponer de un guarda en los cotos de caza de la ComunidadForal. El guarda se encargará de tareas relacionadas con la vigilancia y prevención del furtivismo y, sobre todo, será una herramienta clave para la gestión de las poblaciones cinegéticas y de sus hábitats en los cotos donde trabajen. La nueva redacción detalla las funciones y los requisitos de acceso a la condición de guarda y establece la posibilidad de que los titulares de los cotos puedan emplear parte de la inversión obligatoria en la mejora del hábitat (al menos el 25 % de los ingresos obtenidos por el aprovechamiento del coto) en la contratación de la vigilancia, lo que supondrá una menor repercusión en la economía de las asociaciones de cazadores. Otros cambios hacen referencia ala autorización de la cetrería en las zonas de caza sembrada de los cotos que así lo recojan en su Plan de Ordenación, pudiendo así realizarse entrenamientos a diario. Sobre la concesión de licencias de caza, hasta la fecha servía como justificante de la aptitud del solicitante estar en posesión de licencia de otra comunidad autónoma o país, pero a partir de ahora, se deberá demostrar, además, que en esas autonomías o países se exigen para la expedición de la licencia conocimientos análogos a los que se solicitan a los nuevos demandantes en Navarra. Además se regulan las invitaciones, permisos temporales y reservas para cazadores navarros sin coto en acotados adjudicados directamente a las asociaciones locales de cazadores y se obliga a los menores que quieran obtener una licencia de pesca a contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, el nuevo reglamento aborda otras cuestiones como la excepcionalidad para autorizar la constitución de acotados menores de 2.000 hectáreas y detalla cómo deben realizarse las mediciones de superficie para esa contabilidad. También se regula la modificación de todo lo referente a la señalización interna de los acotados y se matiza el número de armas que se pueden portar en los puesto de tiro de migratorias (una por cazador y tres por puesto de tiro), así como los usos para los que se destinan palomeras, malviceras y chozas de tiro.EFE