lunes, 30 de septiembre de 2013

El juez tumba la figura del «guía de caza», que el Principado impuso esta temporada
Un Juzgado de lo contencioso de Oviedo da la razón al sindicato USIPA y ordena anular cuatro artículos y un anexo del plan cinegético 2013-2014
Guardas del Principado e investigadores, en un monte asturiano.Guardas del Principado e investigadores, en un monte asturiano.
Oviedo, Ramón DÍAZ No habrá más guías de caza en Asturias en la actual temporada cinegética. Y no los volverá a haber hasta que se modifique la ley de Caza o el reglamento que la desarrolla. El Gobierno del Principado ha sufrido una nueva derrota en los tribunales, al anular el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo cuatro artículos y un anexo del plan de caza 2013-2014. El juez Juan Carlos García López ha dado la razón a la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), en su litigio contra la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en torno a la figura del «guía de caza», al sentenciar que es contraria a derecho porque carece de soporte legal. El magistrado ha ordenado anular todas las referencias a los guías en el plan de caza. La sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, no es firme, pues cabe interponer un recurso de apelación antes de quince días.

El juez ha dado la razón a USIPA, que impugnó el plan de caza al considerar que la del «guía de caza» es una figura inexistente en la regulación autonómica, ya que en ella únicamente se alude a los guardas del servicio de guardería de la comunidad autónoma. Al carecer de regulación, según el juez, la figura del guía de caza podría «generar inseguridad jurídica en cuanto al desarrollo de las funciones por los guardas del medio natural en su quehacer ordinario», puesto que alguna persona podría «presentarse como tal guía de caza», a la vista del «vacío normativo existente». El juez resalta que el Principado se comprometió a eliminar la referencia a los guías de caza «por vía de rectificación de errores, pero lo cierto es que ello no ha sido así».

El magistrado recuerda, tal como había señalado el despacho de abogados ovetense Lastra y Rueda, que representó a USIPA en este litigio, que ante el recurso presentado contra la figura del guía de caza, el Ejecutivo regional «se allanó a dicha demanda, viniendo así a reconocer la ilegalidad». La Administración admitió ante el juez que la figura del «guía de caza» no aparece ni en la ley de Caza ni en el reglamento, pero añadió que sí es su intención regularla y que es «previsible» que esa figura se «ponga en marcha» para esta temporada.

El juez rechaza los argumentos del Principado y subraya que la resolución administrativa impugnada por USIPA «debe acomodarse al marco normativo previo existente, sin que pueda introducir directa o indirectamente elementos de innovación». El juez concluye que antes de crear la figura del guía de caza «deberá establecerse el marco normativo correspondiente mediante la modificación legislativa oportuna (ley o reglamento de caza) y, tras ello, dictar el acto de aplicación», «y no al revés, como aquí ha sucedido». Así las cosas, el juez acoge el recurso presentado por el despacho de abogados Lastra y Rueda y declara la disconformidad a derecho del plan de caza 2013-2014 «en el particular referido a la figura del guía de caza, la cual se deja sin efecto y se debe tener por no puesta». La ley de Caza es muy clara cuando señala que en toda cacería que se celebre en Asturias tiene que estar presente un guarda del medio natural. En ningún momento habla de guías de caza.

USIPA había denunciado el pasado mes de mayo que la creación de la figura del «guía de caza» para las actividades cinegéticas que se realicen en las reservas regionales contravenía la legislación vigente. La formación sindical ya advertía entonces de que una norma de menor rango como es la resolución del 1 de marzo por la que se aprobó el plan de caza, no puede modificar normas de superior rango como la ley y el reglamento de caza.

Santiago Traviesa, delegado sindical de la junta de personal funcionario por USIPA, manifestó ayer su satisfacción por la sentencia, que viene a ratificar, punto por punto, los argumentos del sindicato: «Tal como habíamos advertido a la Administración, no puede haber guías de caza sin la reforma de la ley o del reglamento ni sin oír a las partes afectadas», indicó. Subrayó que el Principado deberá reglamentar la figura del guía de caza, si es que pretende implantarla. «Tendrá que especificarse de quién dependen, quién les paga, en qué condiciones trabajarán, si son o no agentes de la autoridad... Hay mucho que hablar», añadió Traviesa, quien ya había advertido hace unos meses de que la figura del guía de caza no podía crearse «sin el respaldo jurídico correspondiente».

El sindicalista señaló que USIPA no consentirá que haya personas que «entren por la puerta de atrás» en la guardería del Principado, sin pasar por las oposiciones y pruebas pertinentes. Y es que el sindicato ya había manifestado su temor de que la creación de la figura del guía de caza implicara una situación similar a la que se dio hace unos años en el parque nacional de los Picos de Europa, donde personas que fueron contratadas de manera temporal por la empresa pública Tragsa acabaron siendo, por sentencias judiciales, personal laboral.

Traviesa incidió en que la sentencia, de hacerse firme, implicará que no volverá a haber guías de caza ni en las reservas, ni en los cotos regionales. Sí los hubo este año en los cotos regionales. El sindicato señaló que si finalmente se introduce cualquier cambio en la normativa de caza deberá tenerse en cuenta a la guardería del Medio Natural, en el caso de que afecte a sus integrantes en su trabajo o en sus funciones, como ocurría con la figura del guía de caza.

Los responsables de USIPA manifestaron desde el primer momento sus sospechas de que el intento de crear una nueva figura tenía como trasfondo el pago de horas extraordinarias y compensaciones a los guardas del Principado. Según el sindicato, con la creación de los guías de caza podrían eliminarse de un plumazo esos pagos, lo que significaría, en principio, un ahorro económico.


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