Inquietud en los cotos de caza. La próxima temporada terminan las concesiones para 41 de las 63 reservas. De cómo resuelva esa renovación la Consejería de Medio Ambiente dependerán las normas, cuotas y permisos de los próximos años. Desde 1989, el Ejecutivo autonómico ha mantenido un modelo apegado al cazador local. Aquel año Asturias fue la primera región en dotarse de una ley que regulase la concesión de cotos, y privilegiaba que éstos acabaran en manos de los vecinos. Según Carlos Nores, vicepresidente de la Fundación Oso Pardo, aquella decisión fue clave contra el furtivismo: los cazadores, ahora dueños de los cotos, «comenzaron a tolerar mal a aquellos que, sin pagar los gastos, se apropiaban de los recursos».
La norma ha delegado así durante años la gestión de la actividad cinegética en grupos de cazadores reconocidos por sus vecinos. Aunque la responsabilidad del coto no está exenta de tensiones (con la administración, los agricultores o las aseguradoras), entre los presidentes de las reservas hay cierto orgullo de pertenecer a un grupo estable en el que todos se conocen.
Esa estabilidad, sin embargo, se quebró el pasado año. La sociedad La Perdiz, la más antigua de Asturias, perdió los derechos sobre el coto de Llanera. Aunque cuenta con 500 socios, la concesión recayó en una sociedad de nuevo cuño, Cinegética y Gestión, propiciando una situación de competencia desconocida.
«Nos tememos que aquello haya sido sólo un aviso y vayamos ahora a un nuevo modelo de gestión», advierte José Manuel Rancaño, de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado (Asocipas). La política conservadora de la administración regional ha propiciado en las dos últimas décadas un crecimiento constante de los recursos. Los montes están ahora poblados de ciervos y jabalíes como hacía siglos que no se veía, un atractivo que «está despertando el interés de mucho empresario avezado», constata Rancaño. Y Asocipas advierte: «No toleraremos que los cotos se entreguen a estos advenedizos que se interesan ahora por la gestión con la única idea de vender luego las cacerías y hacer dinero».
A grandes rasgos, ese modelo ya existe. Expertos y ecologistas asturianos llevan años denunciando que la normativa de Castilla y León es un «colador por el que se cuela cualquiera». En noviembre de 2008, por ejemplo, la Guardia Civil desarticuló la mayor red de cazadores furtivos detectada hasta la fecha. Ganó la concesión de dos reservas leonesas; eso les dio acceso a unos sellos y permisos que falsificaban para ocultar las piezas cobradas en batidas ilegales.
«Estamos inquietos porque la consejería no tiene personal como para resolver una renovación tan amplia de forma rápida y escrupulosa», asevera Rancaño.
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