El Seprona decomisa 55 kilos de carne de jabalí obtenida de la caza

La Guardia Civil ha interpuesto una decena de denuncias a hosteleros de Llanes, Cabrales y Peñamellera Alta 

La detención de un individuo a finales del pasado año en el concejo de Peñamellera Alta ha llevado a la Guardia Civil ha interponer diez denuncias administrativas entre este municipio y los de Llanes y Cabrales. Entre el 3 y el 16 de enero, tras realizar varias inspecciones en locales hosteleros, se decomisaron un total de 55,5 kilos de carne de jabalí que se encontraba en situación irregular, al no haber pasado los controles sanitarios legalmente establecidos, además de ocho salmones, dos reos, 7 kilos de truchas -cuya comercialización está prohibida en Asturias por la legislación vigente- y un cepo metálico de los utilizados para fines de caza, del cual su tenencia y uso no está permitida. Toda esta operación la llevó a cabo la unidad de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en colaboración con los veterinarios de los Servicios de Salud Pública y Medios Ambiente del Principado de Asturias.La detención que dio pie a la posterior investigación, que a su vez terminó en una decena de denuncias, se realizó a un hombre como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la protección de la fauna, al hallarse en su posesión varios cepos dispuestos para atrapar animales. Tras ello, fue la sospecha de que esta persona pudiese haber estado comercializando con carne de caza o pesca en establecimientos hosteleros de la zona la que llevó a los agentes a continuar con sus averiguaciones. La venta de la carne obtenida en batidas y monterías es una práctica habitual entre los cazadores, pero ésta sólo puede destinarse al consumo propio. Si la venta se efectúa a establecimientos hosteleros y su destino va a ser el consumo público, los animales capturados están obligadas a pasar por un Centro Autorizado de Despiece, el cual certificará la procedencia del animal y su salubridad de cara al consumo, algo que no sucedió.

Dos responsables de Caza del Principado, imputados por una adjudicación de cotos

El juez investiga el proceso de concesión de los espacios cinegéticos del Cordal de Peón y Valdediós a la sociedad El Portal de Villaviciosa 

José Félix García Gaona.

El Partido Popular y UPyD piden la comparecencia de la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, en la Junta General del Principado, para que dé explicaciones sobre la imputación de dos responsables de Caza del Gobierno de Vicente Álvarez Areces en el proceso abierto por la adjudicación supuestamente irregular de los cotos de caza del Cordal de Peón y Valdediós, en Villaviciosa. El magistrado del Juzgado de instrucción número 1 de Oviedo ha citado a declarar, en calidad de imputados, al ex director general de Biodiversidad José Félix García Gaona, actual jefe de servicio de Caza, y a Juan Carlos del Campo, ex jefe de servicio. La Consejera ha declinado realizar valoraciones a este periódico.

Además, las sociedades de caza Cuatro Jueces y Fuentes, que llevan años denunciando irregularidades en la asociación de El Portal, estudian pedir al juez que también llame a declarar a Dimas García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, por supuesto tráfico de influencias, según asegura el presidente de Cuatro Jueces, Javier Villamandos, quien sostiene que García participó en una reunión entre los responsables de la Sociedad El Portal y la sección de Caza del Principado.

La mesa de adjudicación para la licitación de los cotos, que preside Gaona -en el que el magistrado habría visto indicios de un supuesto delito de prevaricación por trato de favor hacia la Sociedad de El Portal, como así denunciaron Cuatro Jueces y Fuentes-, ha convocado esta tarde a las tres asociaciones que optan a gestionar los mencionados cotos, que caducaron en agosto de 2011. Piden que el jefe de la sección de Caza, al estar imputado, deje de presidir este órgano. El proceso judicial por supuestas irregularidades de la Sociedad El Portal, que vino gestionando los cotos maliayeses en los últimos años, se remonta a 2008. Un informe de la Policía judicial aseguraba que esta asociación incurrió en falsedad documental, añade Villamandos.

El juez imputa por prevaricación a los responsables de caza del Principado

José Félix García Gaona y Juan Carlos del Campo están acusados de favorecer a una sociedad de cazadores maliaya 

El ya de por sí embrollado proceso de adjudicación de los dos cotos de caza de Villaviciosa, Cordal de Peón y Valdediós, se complica para el Gobierno del Principado. El magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengos, del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, ha citado a declarar, en calidad de imputados, a los dos responsables de caza durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, Juan Carlos del Campo González y José Félix García Gaona, este último actual jefe de la Sección de Caza de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.

Tendrán que hacerlo el próximo 22 de febrero, dentro de las diligencias previas abiertas por el magistrado para esclarecer los hechos. Ambos están acusados por dos sociedades de cazadores, Cuatro Jueces y Fuentes, de prevaricación, ya que según denunciaron el pasado mes de septiembre existe «un claro trato de favor» hacia El Portal, el tercer colectivo implicado en el proceso de adjudicación de los cotos maliayos, pendiente desde marzo del año pasado.

Los presidentes de las asociaciones demandantes, Javier Villamandos y José Madiedo, sostienen que «en los últimos años no se tramitó ninguna de las múltiples denuncias presentadas contra el presidente de El Portal, pese a que cualquiera de ellas valdría para inhabilitarlo para presentarse al concurso en la adjudicación de cualquier terreno cinegético dentro del Principado de Asturias».

El problema se remonta a la época del gobierno presidido por Areces. Por aquel entonces, García Gaona era el director general de Biodiversidad y Paisaje y del Campo asumía las funciones de jefe de servicio. «Se denunció al El Portal, entre otras cosas, por contar con tan solo tres guardas, en lugar de los cuatro exigidos; por la existencia posterior de un guarda que no pertenecía al coto, por una subasta ilegal de piezas de caza, por el impago de daños y por cacerías irregulares, pero nada de eso se investigó», enumera Villamandos.

El presidente de Cuatro Jueces acogió ayer la noticia de la imputación con prudencia, pero reconoció que «parece que el juez aprecia indicios de delito y si es así, corroborará nuestras sospechas de que todo este tiempo ha habido pruebas suficientes para dejar fuera de las licitaciones a El Portal». Los tres colectivos de cazadores están inmersos en la actualidad en el proceso de licitación de los cotos, que promete más polémica. Mañana están citados por la mesa de adjudicación, presidida precisamente por García Gaona, uno de los encargados de valorar qué ofertas mantiene y cuáles rechaza para la gestión de los terrenos cinegéticos. «Que siga en sus manos la decisión de adjudicar los cotos, pese a estar imputado, no es de recibo», asegura Villamandos. Tanto su asociación como la de Fuentes pedirán la recusación del actual jefe de la Sección de Caza en el proceso.

Además de la denuncia por prevaricación contra la consejería, ambos colectivos libran otras batallas judiciales. Por un lado, el Juzgado de Villaviciosa tiene abierto un proceso contra El Portal por un presunto delito de falsedad documental que se habría cometido el pasado año durante el anterior proceso de licitación y, por otro, desde el pasado mes de diciembre se han presentado nuevamente numerosos escritos ante la consejería en los que se reiteran las acusaciones en el nuevo proceso y solicitan la exclusión de El Portal. «Esperamos que en base a lo que hay actúen como deben», apunta Villamandos.

Venta Cueli pide transparencia

Por su parte, el portavoz de Agroganadería del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta Cueli, contestó ayer a José María Pezón, presidente de El Portal, que había asegurado que el diputado tenía intereses personales en el proceso porque su padre y hermano son socios del colectivo de Fuentes. «Claro que tengo familia, pero eso no me inhabilita para pedir que se cumpla la ley y que se adjudiquen los cotos con transparencia; además, en mis declaraciones nunca he mencionado a ninguna asociación», señaló.

Asimismo, Venta Cueli comentó que «me reservo las medidas judiciales oportunas contra algo que considero una calumnia» e hizo hincapié en el hecho de que el presidente de El Portal «ataque a quien exige que se adjudiquen de una vez los cotos».

La Guardia Civil detecta anomalías en la licitación de los cotos maliayos

La Policía Judicial señala que 21 personas declararon no tener relación con el colectivo de El Portal, investigado por falsedad documental 

La Asociación de Cazadores El Portal, de Villaviciosa, cometió irregularidades en el proceso de licitación de los cotos de Cordal de Peón y Valdediós. Así lo determina un informe de la Policía Judicial que confirma que el colectivo falseó hasta 21 licencias de caza que posteriormente presentó en la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para optar a la gestión de los terrenos cinegéticos del concejo.

Según figura en las diligencias previas abiertas tras la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por las asociaciones de Fuentes y Cuatro Jueces contra El Portal, la Dirección General de la Guardia Civil ordenó una investigación por presunta falsedad documental. El informe, que consta de 206 páginas, recoge los testimonios de medio centenar de personas cuyos expedientes se iniciaron en el Principado entre los meses de abril y mayo como solicitudes de caza del colectivo El Portal. La Guardia Civil procedió a tomar declaración, en calidad de testigos voluntarios, a los titulares de los expedientes y de sus testimonios. Según queda reflejado, se desprende que 21 personas manifestaron no pertenecer al colectivo, ni haber autorizado la licencia de caza ni reconocieron su firma en los documentos existentes.

Asimismo, el informe recoge varios detalles que han llevado al presidente de Cuatro Jueces, Javier Villamandos, a ratificarse en su afirmación de las malas prácticas llevadas a cabo por su homólogo de El Portal, José María Pezón, y que tantas veces ha denunciado en los últimos años. Uno de esos detalles lo aporta uno de los testigos y tiene que ver con la presunta utilización de un coche patrulla (Pezón es agente de la Policía Local), propiedad del Ayuntamiento de Villaviciosa y con el que el presidente de El Portal le habría enseñado el coto. «Iba vestido de policía», manifestó el hombre, quien también aclara que pagó la licencia, pero que no recibió tarjeta de socio para cazar con la asociación.

Varios testigos también sitúan a otro agente de la Policía Local de Villaviciosa como responsable de las gestiones para renovar las licencias de caza y reconocen haber delegado en él la tramitación y el pago de la cuota. Y otros, reconocen haber firmado un documento, si bien no recuerdan el fin para el que lo hacían. El informe de la Policía Judicial se muestra contundente también al calificar la actitud de Pezón, del que aseguran que «hizo caso omiso a la solicitud de colaboración y a facilitar ningún dato cuando se había comprometido a ello». Las conclusiones de la Guardia Civil se encuentran en el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción de Villaviciosa, que investiga la denuncia presentada por los colectivos de Fuentes y Cuatro Jueces.

Recurso

Por su parte, la asociación de cazadores El Portal presentó un recurso de reforma contra una resolución judicial del pasado mes de junio para que se incluyera también al colectivo de Cuatro Jueces en calidad de imputado en la investigación por falsedad documental. Una petición que fue aprobada, según un auto del pasado día 5, si bien Javier Villamandos, presidente del colectivo, recordó que «nosotros ya aportamos todos los datos en su momento».

Se refiere a todos los escritos remitidos hace unos meses al Principado tras recibir un informe de la Dirección General de Recursos Autóctonos en el que el jefe de Servicio de Caza y Pesca, José Félix García Gaona, desglosaba las presuntas irregularidades cometidas por su colectivo en relación al número de socios presentados en el proceso de licitación.  

Los dos ganaderos de Asturianos podrían enfrentarse a un máximo de 7 años de cárcel

Hasta siete años de prisión suman las penas que podrían recaer sobre cada uno de los dos hermanos ganaderos implicados en la trama de Asturianos por los delitos de venta ilegal de carne de ciervos, corzos y jabalíes y el de tenencia ilícita de armas que la Audiencia Provincial estimó en su auto, a petición del Ministerio Fiscal. Además, los acusados P. O. y F. J. O. por la supuesta caza ilegal en cotos de Asturianos y Palacios podrían ser castigados con «una multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años», de acuerdo con el artículo 335 del Código Penal.

El hijo de uno de ellos podría enfrentarse a penas de cárcel de hasta a tres años, dado que se le imputa solo la tenencia ilícita de armas y se le exculpa de tráfico de carne, de acuerdo con lo estimado por los magistrados de la Audiencia Provincial. Al acusársele de caza ilegal en cotos se exigirá la inhabilitación para poder ejercer esa actividad por un periodo de tiempo que oscilará entre uno y tres años.

El artículo 335.1 del Código Penal sobre los delitos contra la flora y la fauna indica que «el que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años», pero en su apartado 2 agrega que «el que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo».

Por lo que respecta a los tres guardias civiles a los que se acusa del delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408), como obligación que tienen, se les puede imponer la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». La juez de Puebla de Sanabria había considerado que no existían pruebas para inculpar a los agentes del cuartel de Puebla de Sanabria, si bien tanto la Fiscalía como la acusación particular consiguieron que la Audiencia Provincial, en base a las escuchas telefónicas que la Guardia Civil aportó a los autos, ordenara continuar con el procesamiento y apertura de juicio oral contra los tres integrantes de este Cuerpo. La falta de pruebas contundentes dejó fuera a los veterinarios investigados.
No obstante, por determinar están aún las penas que exigirá la Fiscalía, que recurrió, al igual que la acusación particular, el auto de la juez de Puebla de Sanabria que exculpaba a los procesados de los delitos de caza ilegal y tráfico de carne, lo que podría ser indicativo de la dureza que marcará su escrito de calificación. El procedimiento abreviado tendrá que pasar por el Juzgado de lo Penal de la capital, al dirimirse delitos cuyas penas de prisión no exceden los cinco años, a partir de las cuales es la Audiencia Provincial la que se encarga de celebrar la vista oral para dictar sentencia.

A los cazadores no les salen los números, las asociaciones cinegéticas advierten de que los cotos están abocados al cierre por la falta de ayudas y el aumento de los pagos de los daños que causan los animales

 Las asociaciones de cazadores están abocadas al cierre. Así lo denuncia la asociación cinegética Sierra de Pulide-Nalón, que abarca los concejos de Castrillón, Corvera, Soto del Barco, Illas, Candamo y parte de Pravia y que dispone de once cuadrillas. La falta de ayudas por parte del Principado está llevando a la quiebra a estos colectivos, ahogados por el pago de los daños agrícolas y los derivados de accidentes de tráfico provocados por animales salvajes. «Los cotos regionales de caza desaparecerán si la Consejería de Medio Ambiente no toma medidas sobre lo que está ocurriendo y entonces el Principado se encontrará con un problema muy grave», advierte el castrillonense Fernando González Aparicio, presidente de Sierra de Pulide-Nalón y vicepresidente de Asocipas (Asociación de empresas cinegéticas del Principado de Asturias).

Asturias fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha su propia Ley de Caza, con la que desapareció la figura de coto privado y surgió el coto regional. Con esta normativa la adjudicación de un coto sólo se puede realizar a través de una sociedad de cazadores, como la que preside González Aparicio. En Asturias existen un total de 53 asociaciones, que funcionan de forma independiente.

La asociación Sierra de Pulide tiene registrados 370 socios. Hace dos años eran 500. La caída del número de integrantes es proporcional al de los ingresos y los gastos son cada vez mayores. «Cada vez tenemos menos socios y los gastos son más cuantiosos, principalmente los asociados a accidentes de tráfico y a daños en cultivos. Han desaparecido todas las subvenciones para los cotos de caza. Así no podemos sobrevivir», añadió Aparicio, que asegura que la situación de la asociación castrillonense es paralela a la del resto de grupos cinegéticos asturianos, principalmente los que gestionan cotos próximos a la costa.

Los cotos sociales tienen que cumplir una serie de requisitos: estar gestionados por cazadores locales, contar con guardería (un guarda por cada 8.000 hectáreas a vigilar) y pagar los daños de los accidentes que provocan los animales. «Apenas tenemos ingresos, pero la abundancia de jabalíes provoca daños a cultivos y accidentes de tráfico que tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Lo más preocupante es el tema de las carreteras. Estamos perdiendo todos los juicios por accidentes, tanto los que se producen en autovías (si estuvierann bien protegidas con alambradas los animales no pasarían a la vía) como en las carretera secundarias. La normativa dice que sólo deberíamos pagar en época de caza, pero no se cumple», protesta Aparicio.

La asociación que preside este cazador gasta unos 27.000 euros al año por sentencias relacionadas con accidentes tráfico, a una media de entre 35 y 40 siniestros. Sus integrantes aseguran que tienen que hacer frente a un accidente a la semana, la mayoría causados por jabalíes, y temen por el futuro de los 120 guardas que tienen trabajo en Asturias gracias a los cotos sociales. «Si desaparecen los cotos sociales, el Principado se encontrará con una situación muy grave. Si no fuera por nuestra labor, habría en Asturias un problema exponencial. Si dejamos de cazar durante dos años, ¿qué pasará con los controles de población de los animales? Los jabalíes ya campan a sus anchas por los alrededores del tanatorio de Avilés y las instalaciones de Cristalería», advierte a modo de ejemplo el cazador.

Los cazadores piden medidas urgentes de ayuda al Principado. «Tienen que meter mano en el tema de los de accidentes y hacer una actualización de los baremos de tasación de daños, ya que están totalmente desfasados. También necesitamos ayudas económicas para hacer frente al pago de las guarderías», solicitó el castrillonense. El vicepresidente de Asocipas apela a la normativa francesa, donde los accidentes causados por animales están cubiertos por el seguro obligatorio del conductor («Aquí solo copiamos lo malo de la Unión Europea», lamenta), y pide que los cotos sólo tengan que hacer frente a los daños que provocan los animales a quienes viven del campo, «no a todo el que reclama».

Los cazadores temen que los cotos maliayos queden sin adjudicar

Las sociedades de Cuatro Jueces y Fuentes critican que el Principado aún no haya resuelto la gestión de los terrenos cinegéticos

La Consejería de Agroganadería debe más de 110.000 euros en concepto de daños

El embrollo en el que están envueltas las sociedades de cazadores de Villaviciosa continúa creciendo. Las asociaciones Cuatro Jueces y Fuentes ven pasar el tiempo sin que el Principado termine de adjudicar los dos cotos, Cordal de Peón y Fuentes, y temen que finalmente queden desiertos. «Ha pasado casi un mes desde la comparecencia de la consejera de Agroganadería en la Junta General diciendo que se adjudicarían en breves y además de no saber nada, los rumores que corren no son muy esperanzadores», apunta Javier Villamandos, presidente de Cuatro Jueces. Sin embargo, desde la propia Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos explicaron a EL COMERCIO que «se está trabajando en ello», aunque no avanzaron plazos para la resolución.

De hacerse realidad los temores de los cazadores de Cuatro Jueces y Fuentes, que mantienen la pugna por los terrenos con una tercera asociación, El Portal, tienen claro a quién señalarán como culpable: el hasta ahora jefe de la Sección de Caza José Félix García Gaona. «Aunque hace poco se despidió de su puesto en la Consejería de Agroganadería ha estado llevando el expediente, demorando su resolución», asegura Villamandos, quien sostiene que «la consejera debe estar por encima de todo esto y actuar en función a su comparecencia».

Cabe recordar que las dos sociedades de cazadores presentaron el mes pasado una denuncia por prevaricación, admitida a trámite, en la que señalan a Gaona como el principal responsable de varias irregularidades. «Esto sería una demostración más y una tomadura de pelo», opinan. Asimismo, aseguran saber qué hacer si finalmente los cotos quedaran sin adjudicar. «Ampliaríamos la denuncia por prevaricación en función de la resolución que saquen y cuál sea la justificación», explican.

El problema de la caza se alarga ya desde hace más de un año e, incluso, el Pleno de Villaviciosa aprobó por unanimidad en su última sesión instar al Principado tanto a la adjudicación de los cotos, como a abonar a los propietarios de los terrenos incluidos en los cotos los pagos pendientes por los daños ocasionados por los animales salvajes, que en la actualidad superan los 110.000 euros.

«Es una vergüenza»

«La consejería de Agroganadería sigue ignorando los derechos de los propietarios, es una vergüenza», apunta José Madiedo, presidente de la asociación de Fuentes, quien añade que «no son los únicos perjudicados, nosotros no podemos cazar y las armerías y los hosteleros de la zona están teniendo pérdidas porque no hay actividad y no se mueve el dinero».

Madiedo alertó también de que si ninguna sociedad se hace con la gestión de los terrenos cinegéticos «acarreará muchos más problemas». El expediente tendría que comenzar desde cero, lo que supondría que deberían constituirse de nuevo los cotos y abrir un período de información pública, lo que significaría cerca de otro año más en blanco para los cazadores de Villaviciosa que ya perdieron la campaña de caza anterior y parte de esta, que comenzó hace ya un mes.