La Administración cuenta con estudios de la Universidad de Oviedo según los cuales el censo de cazadores viene menguando a tasas del 4% anual. En 1986 la región contaba con 31.500 licencias de caza en activo, de las que en 2004 sólo quedaban 14.200. El abandono está perjudicando especialmente a las reservas del noroccidente, que son las que, proporcionalmente, cuentan con menos asociados y con las que Medio Ambiente ya está negociando para que procedan a algún tipo de concentración.
El momento es propicio para ello. «El 60% de los cotos asturianos agotan su vigencia en este año», informó Fernández. Las concesiones sobre la gestión de las reservas se conceden por periodos de 10 años, por lo que las reglas que ahora se pacten resultarán determinantes para la supervivencia de la actividad. Existe además un condicionante añadido. Una reciente sentencia judicial, a cuenta del coto de Llanera, especifica que este tipo de colectivos deben contar con un centenar de socios cazadores, por lo que, las agrupaciones que se adjudiquen los nuevos cotos y estén por debajo de ese umbral, están expuestas a que una impugnación invalide la concesión.
Los representantes de los cotos llevan años denunciando que están abocados a la quiebra porque la merma de cuotas viene unida a un alza en los costes. En este capítulo, los mayores desembolsos se producen por la obligación que tienen las reservas de indemnizar los daños que los animales silvestres causan a las explotaciones agrícolas así como a los conductores a los que provocan algún accidente en carretera.
Para resolver este último punto, Medio Ambiente se está moviendo en dos direcciones. Por un lado, tratando de persuadir a los jueces de lo penal para que apliquen la misma doctrina que sus compañeros de lo contencioso-administrativo, que acostumbran a exonerar a los cotos de este tipo de daños. Por el otro, la consejería ha mediado ante el Ministerio de Medio Ambiente para que promueva un cambio del Código de Circulación que elimine la responsabilidad de las reservas ante los accidentes causados por animales silvestres.
En el seno del Consejo Regional de Caza, la consejería ha presentado un borrador sobre el nuevo convenio que regirá la concesión de cotos y que persigue «asegurar la viabilidad del modelo». El mismo incluye un baremo que amplía la superficie a partir de la cual las reservas deben ampliar su número de guardas. Medio Ambiente cuenta con simulaciones según las cuales, esta medida permitirá a los aficionados «ahorrarse unos cuantos» guardas. Esta es una propuesta «de la que nos alegramos porque lo de ahora es insostenible», valoró ayer Corsino Menéndez, presidente de la Sociedad de Cazadores Peña Manteca, de Belmonte de Miranda.
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