La normativa de Pesca atribuye a la nueva figura funciones de vigilancia, entre otras, e impulsa la gestión compartida de cotos, BOPA («Boletín Oficial del Principado») el pasado 31 de octubre, pero esas pocas líneas han generado un gran malestar en algunas asociaciones de pescadores y en el colectivo de guardas del medio natural. A los últimos les molesta que el «maestro de río» vaya a encargarse de la vigilancia de los cotos, lo que produciría un solapamiento de funciones. Ese maestro de río tendría un estatuto profesional propio y, además de la vigilancia, se encargaría de la «enseñanza» y «asistencia» a pescadores. Por otra parte, a algunas asociaciones de pescadores les preocupa que en ese párrafo se indique que las «asociaciones colaboradoras» «dispondrán de uno o dos cotos de gestión para prácticas y autofinanciación», una medida que algunos califican de «privatización» solapada. La gestión compartida también aparece en la ley de Pesca que aprobó el Gobierno de Álvarez Areces y este modelo cuenta con partidarios, ya que ayudaría a financiar a las asociaciones de pescadores.
El polémico párrafo simplemente reconoce la figura del «maestro de río», con unas funciones de enseñanza, vigilancia y asistencia, parte de las cuales corresponden a los antiguos «gancheros», que ayudaban a los pescadores a localizar los mejores puntos del río y a llevar los bártulos. El sistema de selección, régimen de dedicación y retribuciones deberán ser «desarrollados por el correspondiente estatuto profesional».
Es esta indeterminación la que ha motivado ciertas dudas, incluso de su legalidad. Tres asociaciones mostraron sus dudas en la última reunión del Consejo de Pesca. «No sabemos qué se quiere decir con eso, sale a espaldas del consejo», indicó Tomás Herrero, de la asociación de Fuentes del Narcea. Herrero aseguró que su asociación emprendería acciones legales en caso de que salga adelante. En primer lugar, el «maestro de río» se vincula a las asociaciones de pescadores, que son las que en teoría tendrían que financiarlos. «Creo que es un puesto que debería sacarse a concurso público por los ayuntamientos y no tendría que ser elegido por las asociaciones privadas», añadió Herrero. Y la entrega de los cotos a asociaciones privadas tampoco suena bien. «Los cotos son públicos, no se pueden dar a una sociedad», añadió.
Los guardas también han puesto el grito en el cielo. Victorino Rivero, guarda y delegado de medio ambiente de CC OO, aseguró que el párrafo de la discordia «suena a privatización». La primera pregunta que surge es «qué tipo de vigilancia ejercerá la nueva figura, puesto que para eso está la Guardería y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil». Este guarda se preguntó si los maestros de río se asemejarán a los «guardas de coto», una figura que se creó para reforzar la vigilancia en las zonas de caza. Como fondo están las quejas de que la Guardería no ejerce una vigilancia suficiente. A esta queja, Victorino Rivero responde que, «si se necesita más vigilancia en los ríos, tienen que crear más plazas de guardas».
Rivero aseguró que «tampoco se entiende la cesión de cotos que se plantea en las nuevas normas, cuando el salmón está en un momento crítico». Para CC OO, «es el Principado el que debe gestionar los cotos, no se debe dejar en manos de las asociaciones». Los guardas tampoco están de acuerdo con los cupos de la normativa.
Amparo García Villar, coordinadora de sector autonómico de CC OO, planteó en la última Junta de Personal sus dudas sobre la nueva figura, que comparten el resto de los sindicatos. Por ello se acordó solicitar una reunión con el Viceconsejero para abordar el asunto.
El polémico párrafo simplemente reconoce la figura del «maestro de río», con unas funciones de enseñanza, vigilancia y asistencia, parte de las cuales corresponden a los antiguos «gancheros», que ayudaban a los pescadores a localizar los mejores puntos del río y a llevar los bártulos. El sistema de selección, régimen de dedicación y retribuciones deberán ser «desarrollados por el correspondiente estatuto profesional».
Es esta indeterminación la que ha motivado ciertas dudas, incluso de su legalidad. Tres asociaciones mostraron sus dudas en la última reunión del Consejo de Pesca. «No sabemos qué se quiere decir con eso, sale a espaldas del consejo», indicó Tomás Herrero, de la asociación de Fuentes del Narcea. Herrero aseguró que su asociación emprendería acciones legales en caso de que salga adelante. En primer lugar, el «maestro de río» se vincula a las asociaciones de pescadores, que son las que en teoría tendrían que financiarlos. «Creo que es un puesto que debería sacarse a concurso público por los ayuntamientos y no tendría que ser elegido por las asociaciones privadas», añadió Herrero. Y la entrega de los cotos a asociaciones privadas tampoco suena bien. «Los cotos son públicos, no se pueden dar a una sociedad», añadió.
Los guardas también han puesto el grito en el cielo. Victorino Rivero, guarda y delegado de medio ambiente de CC OO, aseguró que el párrafo de la discordia «suena a privatización». La primera pregunta que surge es «qué tipo de vigilancia ejercerá la nueva figura, puesto que para eso está la Guardería y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil». Este guarda se preguntó si los maestros de río se asemejarán a los «guardas de coto», una figura que se creó para reforzar la vigilancia en las zonas de caza. Como fondo están las quejas de que la Guardería no ejerce una vigilancia suficiente. A esta queja, Victorino Rivero responde que, «si se necesita más vigilancia en los ríos, tienen que crear más plazas de guardas».
Rivero aseguró que «tampoco se entiende la cesión de cotos que se plantea en las nuevas normas, cuando el salmón está en un momento crítico». Para CC OO, «es el Principado el que debe gestionar los cotos, no se debe dejar en manos de las asociaciones». Los guardas tampoco están de acuerdo con los cupos de la normativa.
Amparo García Villar, coordinadora de sector autonómico de CC OO, planteó en la última Junta de Personal sus dudas sobre la nueva figura, que comparten el resto de los sindicatos. Por ello se acordó solicitar una reunión con el Viceconsejero para abordar el asunto.
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