Cientos de robos fueron denunciados en el campo en 2011

La situación ya es «generalizada» y «preocupa» al sector porque no ven freno ni medidas que vengan a paliar esta situación El botín, la escalera de la piscina Equipos de generación de energía y extracción de agua, boquillas y tubos de riego de 3 a 5 metros de longitud, gasoil agrícola, aperos, tubos de aluminio, cobre y cualquier otro tipo de metal. Hay agricultores a los que han robado cuatro veces en un mes y que se desesperan ante la oleada de robos en el campo, que no mejora . La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Coag Sevilla, y Asaja, Asociación Andaluza de Jóvenes Agricultores, alertan de que la situación es «generalizada» y «preocupa» al sector de toda la provincia, porque no ven freno ni medidas que vengan a paliar esta situación. Sólo en el término municipal de Lebrija, más de una treintena de parcelas han sufrido robos en los últimos meses, con pérdidas que superan los 130.000 euros. En pueblos como Arahal o Burguillos incluso ha habido casos, según denuncian, donde se ha dado el «peligro físico» al encontrarse los propietarios en la casa en el momento del robo. Y en algunas fincas de las zonas del Aljarafe y especialmente en Dos Hermanas, los agricultores hasta organizan patrullas por sus fincas para evitar robos. Impotencia «Hay crispación e impotencia porque, pese a que se denuncia, no hay resultados ya que apenas hay detenciones, y si los arrestan, al poco vuelven a las andadas», advierte Aquilino Roldán, miembro ejecutivo de Coag Sevilla, que asegura que por los delitos de robos en el campo, principalmente en municipios como Carmona, Arahal, Burguillos, Lebrija y Los Palacios y Villafranca, se interpusieron «entre 300 y 400 denuncias» en el último año. Asaja estima que las denuncias, a pesar de que muchas veces los agricultores se resisten a denunciar porque «no sirve para nada», pueden haber crecido en torno a un 15 por ciento. La Guardia Civil no facilita datos concretos, pero la realidad habla de que cada vez son más frecuentes los robos en el mundo rural, donde «los agricultores —agrega Roldán— no sólo están sufriendo la pérdida de productos agrícolas, sino también de materiales como baterías y placas solares». Para Felipe Galloso, asesor jurídico de Asaja, la situación se reproduce en todas las comarcas y apunta, además de las citadas, a la Vega, la comarca de Estepa y hasta el Aljarafe, donde la proximidad con la capital no se sabe si es una ventaja o un inconveniente. En Asaja insisten en que antes se robaban aceitunas, naranjas, pero ahora, aunque siguen produciéndose esas sustracciones —se ha dado el caso de llegar una noche y arrasar una finca llevándose cientos de kilos de aceitunas o cítricos, lo que demuestra que algunos están muy organizados y cuentan con camiones—, roban de todo, desde transformadores hasta instalaciones de riego, con tubos que llegan a medir entre 3 a 5 metros y que al quitarlos crean verdaderos problemas al agricultor porque tiene que reponer el sistema para no perder la cosecha, e instalaciones informáticas que regulan los sistemas de microgoteo. En un reciente encuentro con la subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, miembros de Coag le reclamaron que se activen «cuanto antes» medidas para paliar la situación del campo sevillano. Y es que, como recuerda Asaja, aunque antes de las elecciones generales se activó un plan contra el robo a agricultores y ganaderos por parte de los efectivos de seguridad, sobre todo Guardia Civil, el plan se fue diluyendo. «Hay controles en campañas muy puntuales, pero no de forma continua», añaden desde Asaja. Para la Coag la prioridad pasa por una «coordinación» entre las fuerzas del orden público, incluidas la Policía Local y los guardas rurales y de cotos de caza, pero sobre todo, de una mayor presencia en las zonas rurales por parte de la Guardia Civil. En el caso de los grandes municipios, como Dos Hermanas, donde la competencia corresponde a la Policía Nacional, el sector cree que «deben actuar con más frecuencia en el campo». Roldán reconoce, en este sentido, «mejoras» en la actuación de los agentes policiales «poco acostumbrados a cubrir el campo», pero cuya intervención permite evitar nuevos episodios delictivos en las explotaciones agrarias. Sin regulación Sin embargo, insisten en que los «graves problemas» continúan ante la falta de una regulación en los puntos de venta de productos, por lo que piden «un mayor control» tanto en mercadillos como en chatarrerías. «Existe un vacío legal al no identificarse al vendedor ni tampoco la procedencia de la mercancía», explica Roldán, que aboga por que se elabore una guía de cara a las próximas campañas agrícolas que posibilite la identificación tanto a los transportistas como a los productores y el origen del producto agrario Cree además que su demanda, acogida «positivamente» por la subdelegada del Gobierno, debe «transformarse pronto en resultados concretos». «La situación —añade el representante de Coag— merece una actuación inmediata puesto que los agricultores están perdiendo sus producciones y afrontando mayores costes al tener que sustituir con prontitud el material robado para continuar con las labores». En ese mismo sentido, desde Asaja hacen especial mención a la necesidad de que las fuerzas de seguridad tengan un mayor control de los lugares donde entregan la mercancia. También reclaman que se vuelva a activar en Sevilla, como se ha hecho en Jaén, el sistema que permite controlar la mercancía que llevan los camiones. El seguro no cubre cosechas A esta situación los agricultores y ganaderos sólo pueden hacer frente con seguros, pero, reconoce Víctor de la Cueva, gerente de Asegasa, no hay ningún seguro que cubra las cosechas. Esta entidad, vinculada a Asaja, sí ha sacado una póliza especial multirriesgo para explotacones agrícolas, que cibre, instalaciones y ganado, además de sistemas de riego, caseríos y transformadores. La mayor parte de los sucesos que ha cubierto esta entidad han tendio un coste de entre 300 y 700 euros, aunque no hace mucho que tuvieron que hacer frente al robo de un sistema de riego que habían sustraído en una finca y el coste ascendió a 22.000 euros.